Washington, 31 de julio. Legisladores estadunidenses exigieron más supervisión del Departamento de Justicia y de una agencia encargada del manejo de las armas, en un informe divulgado este martes que critica a varios funcionarios ligados a la operación que permitió la entrada de armas a México.

El voluminoso informe de 2 mil 400 páginas presenta evidencia que detalla numerosos errores y decisiones de funcionarios de la agencia que controla las armas (ATF, por sus siglas en inglés) y la oficina del fiscal general de Arizona que dieron pie a serios problemas, resumió un comunicado de la comisión de la Cámara de Representantes a cargo de supervisar al gobierno.

Tanto la ATF como la oficina del fiscal de Arizona no tomaron en cuenta ni protegieron la seguridad de los estadunidenses, mexicanos y de sus colegas, expresó Darrell Issa, el jefe de esa comisión, quien ha liderado la investigación sobre esa operación de armas, llamada Rápido y furioso.

La operación permitió la entrada de más de 2 mil armas a México entre 2009 y 2010, con la finalidad de conocer rutas de tráfico y rastrearlas hasta importantes líderes del crimen organizado, pero a muchas de ellas se les perdió la pista.

El escándalo, destapado luego de que dos armas relacionadas con la operación fueron halladas en la escena del crimen de un agente estadunidense, causó irritación en México, donde la violencia relacionada con el tráfico de drogas ha dejado más de 50 mil muertos en los seis años recientes.

ATF malgastó tiempo, dinero y recursos en escuchas y puso a agentes en peligro para tratar de conocer cosas que ya otras agencias conocían, comentó el senador republicano Chuck Grassley, en referencia a fallos de comunicación entre ATF, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la agencia antidrogas (DEA), detalla el informe.

Evidentemente, ATF necesita empezar a tener un mejor comportamiento y el Departamento de Justicia debe asegurarse de que este tipo de programas no ocurran nunca más, concluyó Grassley.

Según el informe, dos personas ligadas al programa y que debieron haberlo supervisado, siguen trabajando en la ATF.

Por este escándalo, el director de la ATF fue retirado de su cargo y también hubo dimisiones de autoridades policiales en el estado de Arizona, principal afectado por esta problemática.

El fiscal general estadunidense, Eric Holder, rehusó entregar al Congreso documentos relacionados con Rápido y furioso, por lo que fue declarado en desacato en junio pasado.

Este es el primero de varios informes que los legisladores divulgarán.