Brasilia, 2 de agosto. El Supremo Tribunal Federal de Brasil empezó el juicio contra 38 políticos y empresarios acusados de haber participado en la red de corrupción conocida como el mensalao –men- sualidad en portugués–, que permitió al gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva disponer del voto de diputados brasileños al Congreso y pagar las cuentas de la elección de finales de 2002, pero ahora podría opacar la imagen del ex mandatario.

El presidente del órgano judicial, Carlos Ayres Britto, abrió la audiencia pública con la lectura de los nombres de los acusados en la acción penal 470 y dio los argumentos legales que validan la competencia del supremo, en respuesta a una moción de orden de los abogados defensores, quienes cuestionaron las facultades del tribunal con la intención de llevar el proceso a juzgados de menor rango.

Los abogados de los 38 inculpados estuvieron en el recinto jurisdiccional para escuchar los cargos y el informe general del procurador general de la república, Roberto Gurgel, pero ninguno de los presuntos implicados en el esquema de sobornos acudió a la sesión.

José Dirceu, ex ministro jefe del Gabinete Civil de Lula en su primera administración (2003-2007); José Genoino, ex presidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT); Duda Mendoca, cerebro de la campaña propagandística de Lula en 2002, y el ex tesorero Delubio Soares, más otros 34 presuntos coludidos en la red de corrupción tendrán que responder por al menos uno de los siguientes delitos: formación de camarilla, corrupción activa y pasiva, peculado, evasión de divisas, lavado de dinero y gestión fraudulenta.

El procurador Gurgel entregó al tribunal un expediente de 50 mil páginas con testimonios de 600 testigos y documentos relacionados con el esquema de pagos a los cómplices, que según la información conocida hasta ahora tuvo como cerebro a Dirceu y como eje de las operaciones a las empresas del publicista Marcos Valerio de Souza, quien obtuvo millonarios contratos del gobierno y contrajo préstamos con la banca privada y pública para redistribuir los fondos hacia el PT y sus colaboradores.

En declaraciones publicadas este jueves por el diario conservador O Estado, Gurgel expresó su expectativa de que la única forma de hacer justicia en este proceso –que durará al menos un mes– sea mediante el castigo de los 38 implicados en la asociación delictiva.

El caso fue destapado hace siete años por el entonces diputado Roberto Jefferson, del Partido Laborista Brasileño, integrante de la alianza de partidos que impulsó el triunfo de Lula hace casi 10 años y quien hizo las revelaciones al semanario Veja en la primavera de 2005, en aparente represalia al PT y al mandatario por una injusta repartición de posiciones de poder en la administración y el Congreso.

Lula se declaró siempre al margen de los hechos y dijo desconocer la existencia de la red de sobornos, pero tras hacerse públicas las operaciones y las personas involucradas, Dirceu tuvo que abandonar su cargo y en su lugar quedó Dilma Rousseff, quien se convirtió en delfín del mandatario y vencedora de los comicios presidenciales de 2010.

Rousseff no se ha pronunciado sobre el caso, que según el líder del PT en la Cámara de Diputados, Jilmar Tatto, es “la mayor creación de marketing político producida en la historia reciente de Brasil”. En sus primeros meses de gobierno, Rousseff debió hacer frente a su propia ronda de acusaciones contra colaboradores corruptos.

El juicio de los 38 generó una amplia expectativa en los medios locales y en conversaciones coloquiales de los brasileños, toda vez que está en juego la imagen del presidente más popular del país en el último medio siglo, particularmente del periodo posterior a la dictadura de 1964 a 1989.