Madrid, 2 de agosto. Con la economía en caída libre y el desempleo desbordado, el gobierno del conservador Mariano Rajoy centra parte de sus esfuerzos en la aprobación de una nueva legislación sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, mismo que se reguló por primera vez en 1985, a pesar de las presiones y amenazas de los grupos nostálgicos de la dictadura franquista.

El gobierno del derechista Partido Popular (PP) fulminará el derecho al aborto y los supuestos que admite la ley, como la malformación del feto, al dejar como único argumento admisible el riesgo sicológico de la madre. Casi 30 años después se vuelve a librar una batalla entre grupos ultracatólicos y conservadores frente a las posturas más progresistas y afines a los países europeos, que superaron este debate hace más de medio siglo.

El PP ganó las elecciones generales de noviembre pasado con mayoría absoluta. La victoria vino precedida de una áspera campaña electoral en la que primó la preocupación por el devenir de la economía y en la incertidumbre generado sobre el futuro inmediato del país. Rajoy y su gobierno han incumplido sistemáticamente la mayoría del programa con el que llegaron al poder; han subido los impuestos, han incrementado el IVA a productos básicos, han recortado servicios públicos y han desmantelado el estado de bienestar. Entre las escasas promesas electorales que sí van a cumplir se encuentra la de la anulación de la actual ley del aborto para condenar a la marginalidad esta práctica clínica, tal como le exigieron los minoritarios pero influyentes grupos ultraconservadores españoles, próximos al Opus Dei, los Legionarios de Cristo y otros grupos religiosos católicos.

España tendrá a partir del próximo otoño una ley sobre la interrupción del aborto que será incluso más restrictiva que la que había durante la dictadura de Francisco Franco, en la que sí se toleraba en casos de malformación del feto. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es el abanderado de esta reforma, la primera de la democracia en España que impedirá la interrumpción del embarazo en casos de malformación.

Gallardón, quien fue alcalde de Madrid durante ocho años y dejó la mayor deuda pública de un ayuntamiento en la historia del país, calificó la actual legislación de anticonstitucional, e incluso afirmó que el el aborto no es ningún derecho, puesto que una legislación puede decir cuándo se puede o no abortar por las circunstancias objetivas que afectan a la madre, pero no en función de la discapacidad del concebido.

A pesar del marcado carácter regresivo de la reforma que impulsa el PP, el ministro español aseguró que la ley será progresista y que pretende aumentar la protección del derecho por excelencia de la mujer: el de la maternidad.

De hecho, Gallardón, ya como ministro, protagonizó uno de los debates más desafortunados de la actual legislatura, al sostener en el Congreso de los Diputados que en muchas ocasiones se genera una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo. Y se descubre que muchas mujeres ven violentado su derecho a ser madres por la presión que generan a su alrededor determinadas estructuras. Es decir, el ministro de Justicia sostuvo en sesión parlamentario que en España se perseguía a las mujeres embarazadas y que se les orillaba a abortar, algo que obviamente no ocurre ni ha sucedido nunca.

Respecto de la nueva ley, que se presentará en octubre y seguramente será aprobada en virtud de la mayoría absoluta del partido en el poder, todavía no se conocen otros detalles, pero sí han trascendido algunos aspectos que activaron las señales de alarma de los colectivos de defensa de los derechos de las mujeres. Uno es la propuesta para que la nueva legislación incluya una cláusula en la que, cuando una mujer decida abortar bajo el supuesto de riesgo sicológico –el único que se permitirá– ésta sea obligada a ver y a someterse a una ecografía del feto.

Así lo defendía el presidente del Parlamento valenciano, Juan Cotino: Las mujeres embarazadas deben percatarse del valor de la vida humana que llevan dentro, de que la vida de su hijo o su hija es digna de ser vivida. Deben sentir que el embarazo es algo bueno y positivo.

El principal partido de la oposición, el PSOE, denunció las intenciones del gobierno de Rajoy, que a su juicio deja claras las opciones a las mujeres españolas respecto de la interrupción voluntaria del embarazo: si tenemos dinero podremos salir de España para hacerla, si no, corremos los riesgos de la clandestinidad, la inseguridad sanitaria y jurídica. Además, acusó al titular de Justicia de buscar el aplauso ultraconservador atacando a las mujeres y actuando contra lo que piensa la mayoría de los ciudadanos.

Mientras que la Fundación Mujeres tildó la futura ley de gran tragedia en relación al derecho a la mujer a decidir, con lo que vamos a retroceder a los años 70 en materia de derechos. La Federación de Mujeres Progresistas y la Asociación de Juristas Themis también criticaron la norma, que “condenará a las mujeres a abortar en la clandestinidad, lo que conllevará a poner en riesgo su salud y su vida.

No hay que olvidar que la Organización Mundial de la Salud indica que por cada cien mil abortos que se practican de forma irregular, ocurren mil muertes. Desconocer esto es condenar a las mujeres a abortar en la clandestinidad”. La Federación de Planificación Familiar Estatal advirtió que la futura ley es un injustificado retroceso que supone una inequidad entre las que siempre van a poder costearse una interrupción y las que no tienen suficientes medios.