El movimiento #YoSoy132 documentó 2 mil 700 anomalías durante los comicios del primero de julio. Se trata de hechos violentos, delitos electorales técnicamente cualificados, irregularidades en el funcionamiento de las casillas, amenazas y amedrentamiento a observadores electorales.

La comisión de vigilancia ciudadana del movimiento presentó el segundo informe sobre delitos electorales, en el cual destaca que durante el proceso hubo un descomunal rebase a los topes de campaña de todos los partidos, pero de manera desproporcionada por la coalición PRI-PVEM (encabezada por Enrique Peña Nieto).

El reporte se recabó antes, durante y después de los comicios con denuncias ciudadanas y se hizo un corte el 24 de julio. En el documento se asentó que el proceso estuvo plagado de delitos y fue carente de un ambiente propicio para ejercer de forma democrática el voto, imposibilitando con ello elecciones libres, auténticas y periódicas. Por esta razón, el movimiento #YoSoy132 solicitó a las autoridades competentes atender las denuncias ciudadanas y apegarse a la ley.

Ayer, integrantes de #YoSoy 132 acudieron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), al Instituto Federal Electoral (IFE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para entregar el reporte, acompañado de videos, información e imágenes. Antes, en conferencia de prensa, presentaron los resultados.

El recorrido finalizó en el Monumento a la Revolución, donde dieron a conocer que 97 por ciento de las irregularidades son atribuibles al PRI, y el resto a los otros partidos.

#YoSoy132 registró mil 852 denuncias ciudadanas sobre condicionamiento de programas de gobierno, utilización de recursos públicos para actividades de campaña, compra y copias de credenciales y de claves de elector, proselitismo y propaganda política antes y durante los comicios, compra y coacción del voto, robo y quema de urnas. Documentó 150 ilícitos electorales donde hubo violencia y 700 denuncias de irregularidades en casillas.

En la conferencia participaron integrantes del comité jurídico y de derechos humanos, de la comisión de comunicación y prensa, de la Acampada Revolución y asambleas locales de #YoSoy132.

El informe, de 108 cuartillas, contiene decenas de casos de compra y coacción del voto. Como la amenaza de despido a sindicalizados de Pemex en Jalisco en caso de no votar por el priísta y en Sonora se obligó a trabajadores de la CFE a conseguir 10 sufragios en favor de Peña.

Integrantes del movimiento #YoSoy132 entregaron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el segundo informe general de irregularidades y delitosFoto Guillermo Sologuren

Remarca que una encuesta realizada por Alianza Cívica a 3 mil 158 personas en 21 estados arrojó que 28 por ciento de los sufragantes recibió ofrecimientos o amenazas para votar en favor de algún candidato, y en 71 por ciento de éstas se responsabilizó a la coalición Compromiso por México, de Peña Nieto.

Inducción del voto mediante encuestas

Otras anomalías fueron: la inducción del voto mediante encuestas, que cumplieron un papel más propagandístico que informativo, plagadas de dudosas y/o ausentes metodologías siempre en favor de Peña Nieto; la abusiva puesta en práctica de programas sociales en los meses previos a la elección, con más intensidad en estados gobernados por el PRI; la persistente campaña mediática de descalificación, caracterizada por la opacidad y el uso de recursos presumiblemente ilícitos contra el candidato de la izquierda desde 2005; el sesgo informativo del duopolio televisivo y el ilegal apuntalamiento pagado dentro y fuera del país a la campaña del priísta desde 2005.

Los delitos y prácticas fraudulentas que se han documentado hasta ahora, además de configurar conductas punibles que deben ser sancionadas por la jurisdicción correspondiente, nos dan elementos suficientemente objetivos para considerar que la elección presidencial no puede ser considerada legítima.

Debido a las anomalías, hace dos semanas la comisión de vigilancia ciudadana se pronunció por la invalidación de los comicios. Sin embargo, ayer aclararon que será la asamblea general interuniversitaria de #YoSoy132 la que decidirá si el movimiento se pronuncia por esta demanda.

El informe remarcó que estos hechos vulneraron la Constitución mexicana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por ello, anunciaron que acudirán a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar las denuncias pertinentes.

Vladimir Chorny, de la comisión de prensa, indicó que los ataques con explosivos a una tienda de Soriana no pueden achacarse a #YoSoy132, porque éste es un movimiento pacífico. Acerca de la controversia entre el PRD y Soriana, y sobre la posibilidad de que el TEPJF califique la elección en favor de Peña Nieto, resaltó que esos temas aún no se discuten en la asamblea interuniversitaria y, por tanto, no existe una postura al respecto.