Senadores de PRD y Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa de reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para sancionar a los partidos y a los candidatos a presidente de la República, gobernadores, senadores y diputados que se proclamen triunfadores sin que haya sido declarado el resultado oficialmente. Proponen una multa en esos casos de 30 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

En la propuesta se incluyen también sanciones para los medios de comunicación y empresas encuestadoras que induzcan a la población a creer que determinado candidato encabeza las preferencias de los electores, sin que ello sea verdad.

Además proponen una sanción hasta de 10 mil días de salario mínimo para partidos que realicen actos anticipados de precampaña o campaña, soliciten o reciban recursos en dinero o en especie de personas no autorizadas por el Cofipe, por omitir el informe de gastos de campaña y exceder el tope de gastos autorizados.

En la exposición de motivos, los senadores Yeidckol Polevnsky, del PRD; Julián Güitrón y Francisco Alcibíades García, ambos de Movimiento Ciudadano, señalan que esta iniciativa es para que en el futuro no se repitan los actos y hechos derivados de una deficiente legislación electoral, que pudiera ser efectiva y no lo es, en atención a la mala regulación jurídica derivada de la falta de sanciones eficientes, para evitar que los aspirantes a presidente de la República, gobernadores, senadores y diputados federales se proclamen vencedores, e inclusive acepten públicamente felicitaciones del extranjero, sin haber sido declarados oficial y legalmente triunfadores de la elección, por mencionar algunos detalles.

Precisan que en estas deficiencias debe incluirse la falta de castigo a medios de comunicación y empresas encuestadoras, las cuales, desde que se inicia la campaña electoral, inducen a la población respecto a que determinado candidato va arriba en las preferencias de los electores por amplios porcentajes, sin que esto sea verdad. De igual forma –señalan–, en estas deficiencias podemos encuadrar la compra de votos. También cuestionan qué pasaría si la sanción fuera mayor, incluso si en lugar de multa se redujera su presupuesto, previa comprobación de la compra de sufragios o, peor aún, si existiera la sanción de perder el registro.