Al presumir la reducción de los homicidios dolosos en el país, el presidente Felipe Calderón recibió un duro revés ciudadano, que cuestionó la certeza de los datos y que ese decremento no es estadísticamente relevante, además de mostrar inconsistencias en la información oficial proporcionada por los gobiernos federal y estatales.

El mandatario encabezó ayer en Palacio Nacional la 33 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), donde aseguró que por primera vez en varios años la incidencia de homicidios dolosos –uno de los indicadores más visibles de la inseguridad– tuvo un decremento de 7 por ciento en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2011, mientras los homicidios presuntamente atribuibles a la rivalidad entre bandas delincuenciales bajaron casi 15 por ciento.

Sin embargo, en la misma sesión, el presidente del Observatorio Nacional de la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, Héctor Larios Santillán, dijo que de acuerdo con las investigaciones realizadas, la reducción de los homicidios dolosos es de 4.32 por ciento entre el segundo semestre de 2011 y el primero del presente año, lo que significa que hubo 80 menos al mes, de un total de mil 767 que se han cometido en promedio para ese periodo durante 2012.

Si se toma en cuenta la tendencia histórica desde 2007 y los promedios de variación semestral que hemos mencionado, (este porcentaje) no resulta estadísticamente relevante, pero sí positivo en el sentido de ejercer ya un cambio de la actividad delictiva, dijo Larios ante el Presidente, gobernadores y secretarios del gabinete de seguridad.

Documentó además deficiencias e inconsistencias en los datos proporcionados por los gobiernos estatales y federal, así como una situación asimétrica en las estadísticas sobre homicidios. De hecho, comentó que en el análisis de enero a abril del presente año hay mil 140 homicidios sobrantes o faltantes, pues la información entre unos y otros no concuerda.

La participación de Larios –uno de los cinco ciudadanos que fueron invitados a participar en el CNSP– obligó a Calderón a intervenir nuevamente. De entrada, pidió encarecidamente a Óscar Vega Marín, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revisar las cifras.

El presidente Felipe Calderón encabezó ayer la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en Palacio NacionalFoto José Antonio López

Pero además, en tono serio, señaló que el gobierno federal se basa en datos duros proporcionados por los gobiernos de los estados, mientras el Observatorio Ciudadano lo hace con medias semestrales y con expresiones que comúnmente se aplican a encuestas, pero que en todo caso era opinable si la reducción de los delitos es relevante o no.

A mi juicio, sí es importante para los mexicanos saber que por lo menos la tendencia dramática que veníamos registrando durante varios años ha cambiado; desgraciadamente, en cualquier momento puede hacerlo hacia arriba, pero a mí, en lo personal, me resulta alentador ese dato, dijo.

En su primera intervención, Calderón confió en que esta tendencia de reducción en los índices de criminalidad se hará cada vez más visible a mediano y largo plazos. El reto ahora –agregó– es que estos efectos positivos se consoliden, más allá de gobiernos, de coyunturas y de partidos. Hago votos por que desde este Consejo Nacional se continúe el proceso que nuestra generación inició en la búsqueda de un México de leyes, de orden y de seguridad para todos.

En la sesión, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, propuso un mecanismo para integrar de manera permanente a cinco representantes ciudadanos a los trabajos del CNSP, pues su participación es fundamental para consolidar una seguridad duradera.

Mientras tanto, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, informó que para finales de este año se prevé que el gobierno haya recluido a todos los reos sentenciados por delitos del orden federal.

Informó que hasta el momento ya son 15 mil 600 los delincuentes que han sido trasladados de penales estatales a centros de reclusión a cargo del gobierno federal. Incluso, precisó que de esta cifra 13 mil son reos federales y el resto son delincuentes del fuero común, pero que tienen perfil de alto grado de peligrosidad.