La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Economía, verificar si la mina de carbón 7 cumplía con las normas de seguridad e higiene que marca la ley.

Al gobierno de Coahuila demandó instruir a las autoridades de Protección Civil locales para que se suspendan de inmediato las actividades en el yacimiento mientras se realizan las investigaciones correspondientes y se comprueba el cumplimiento de las normas de seguridad.

El ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, instruyó al personal del organismo trasladarse al lugar de los hechos para indagar las posibles violaciones a los derechos humanos. Además inició una queja de oficio para que se investigue el accidente.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana exigió al gobierno federal revisar las concesiones a los empresarios que no cumplan con las normas de seguridad en sus centros de trabajo, suspenderles el permiso de operación, e incluso decretar cierres en definitiva.

Demandó también penalizar, e incluso encarcelar, a los empresarios “que por negligencia criminal permitan que ocurran ‘homicidios industriales’”, como lo ha señalado su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia.

La organización sindical recordó que en la gestión de Felipe Calderón han muerto más de 150 mineros durante la extracción de carbón en Coahuila, “señaladamente en los llamados pocitos que han sido considerados tenebrosos recintos de la muerte y la desgracia de las familias mineras”.

Con información de Elizabeth Velasco