Brasilia, 3 de agosto. En la segunda sesión del juicio contra los implicados en el escándalo de corrupción durante el gobierno del ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, realizada hoy en esta capital, el procurador general de la república, Roberto Gurgel, pidió hoy la condena y un mandato de prisión inmediato contra los 38 acusados de llevar adelante un esquema de desvío de dinero y pago de sobornos a parlamentarios.

La fiscalía pide la expedición de las órdenes de prisión que caben (en esta causa) inmediatamente después de la conclusión del juicio, señaló el procurador.

Durante cinco horas Gurgel expuso las acusaciones contra 38 políticos, empresarios y banqueros, incluidos tres ex ministros de Lula y varios dirigentes históricos del Partido de los Trabajadores (PT), que gobierna Brasil desde hace casi 10 años.

La fiscalía pidió la absolución, por falta de pruebas, de dos procesados: el ex ministro de Comunicación, Luiz Gushiken, y Antonio Lamas, ex tesorero del extinto Partido Liberal, una de las cinco formaciones implicadas en el escándalo.

En el llamado juicio del siglo Gurgel aseguró tener las pruebas suficientes para demostrar que en el primer gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2006) operó un sofisticado esquema delictivo, que compró apoyos en el parlamento.

Sin duda es el más atrevido y escandaloso caso de corrupción y de desvío de dinero público descubierto en Brasil, sostuvo Gurgel ante los 11 magistrados del supremo tribunal federal.

Gurgel centró sus acusaciones contra el dirigente histórico del PT y sus tres correligionarios: el ex presidente del partido José Genoino, el ex tesorero Delubio Soares y el ex secretario general Silvio Pereira.

José Dirceu, según la acusación, se alió con José Genoino, otro de los acusados y ex presidente del PT, y con el empresario Marcos Valerio de Souza para cometer delitos contra el sistema financiero, contra la administración pública y contra la fe pública.

Dirceu enfrenta una pena mínima de 15 años de prisión.

Según la acusación, el dinero con el cual se pagaba mensualmente a legisladores y partidos aliados a cambio de apoyo en el Congreso provenía de una caja negra del partido, la cual se alimentaba de dinero no declarado recaudado en campañas electorales, de desvío de fondos de organismos públicos y de empresas estatales, y de aportes de privados a cambio de beneficios.

Previo al juicio, todos los acusados rechazaron los cargos y sólo Delubio Soares, ex tesorero del PT, aceptó su responsabilidad por no haber registrado todos los ingresos a las cuentas del partido, práctica conocida en Brasil como caja dos.