omo ha venido ocurriendo en años recientes, el inicio de un nuevo ciclo lectivo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene lugar a la par del amplio descontento e inconformidad de decenas de miles de estudiantes que no alcanzaron cupo en ésta y otras instituciones públicas de educación superior del país, como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Más allá de los argumentos que pretenden achacar a los propios estudiantes los malos resultados obtenidos en los procesos de admisión, la marginación educativa que padece un creciente número de jóvenes tiene como correlato ineludible una claudicación del Estado mexicano a la responsabilidad de garantizar el derecho a la enseñanza en todos los niveles. Dicha renuncia se expresa, entre otros elementos, en que las universidades públicas han sido condenadas a la asfixia presupuestaria y al abandono oficial –en la capital del país, por ejemplo, se han fundado sólo dos en las pasadas cuatro décadas– y en el impulso de los pasados gobiernos a la proliferación de planteles de educación privada que carecen, en muchos casos, de calidad académica.

Dicha situación coloca al país en una circunstancia de rezago educativo que se vuelve más evidente cuando se compara con otros de América Latina: aunque el gobierno federal presume que durante el presente sexenio se ha alcanzado una cobertura de más de 30 por ciento en educación superior, esa cifra sigue ubicando a México muy por detrás de Cuba, con cobertura total; Venezuela, con 79 por ciento; Argentina, con 68; Uruguay, con 64, y Ecuador, con 42 por ciento, por mencionar algunas naciones de la región. Menguado orgullo, por lo demás, puede representar para el gobierno federal la creación de 750 mil nuevos sitios en instituciones de enseñanza superior durante este sexenio, cuando 50 mil han derivado más del esfuerzo de instituciones como la UNAM, el IPN y la UAM que de los buenos oficios de las autoridades, y el resto es producto de la creación de instituciones tecnológicas de baja calidad formativa y carentes, en muchos casos, de instalaciones e instrumentos indispensables para atender a los educandos, como admitió el pasado viernes el titular de la Secretaría de Educación Pública, José Ángel Córdova.

El vínculo estrecho entre el deterioro en la educación superior y la aplicación de los dogmas neoliberales no sólo se observa en el crecimiento de universidades privadas, sino también en la clara relación entre el nivel socioeconómico y la posibilidad de acceder o no a la formación terciaria: significativamente, mientras sólo cinco por ciento de los jóvenes que cursan algún ciclo de enseñanza superior proviene del sector social menos favorecido, más de 42 por ciento del total de la matrícula está integrado por estudiantes de grupos sociales de ingresos altos.

La circunstancia de la educación superior en el país es, en suma, un ejemplo más de la diferencia entre el México formal y el real, en el que para tener acceso a los derechos y prerrogativas constitucionales es necesario o pagar por ellos o someterse a la dinámica del darwinismo social y económico impuesta en nuestro país desde hace casi tres décadas.

La apertura de nuevas universidades públicas y el mejoramiento de las existentes es pertinente y necesario, no sólo para elevar el nivel educativo general del país, sino también como medida de elemental justicia y movilidad social, que permita atenuar las escandalosas desigualdades que afectan el territorio nacional y conjurar posibles escenarios de descontento, descomposición e ingobernabilidad. Es imperativo, pues, un viraje de rumbo en la educación superior y en el abandono crónico a que ésta ha sido sometida por el Estado: los encargados del manejo económico y de la gestión educativa en el país tienen que acusar recibo de las dimensiones del problema que subyace detrás de los datos mencionados, abstenerse en lo sucesivo de intentar resolver ese problema con meros paliativos y reorientar las prioridades presupuestales, con el propósito de destinar los recursos públicos necesarios para fortalecer todos los ciclos de enseñanza pública.