Saltillo, Coah. El gobernador de Coahuila, el priísta Rubén Moreira Valdez, entregó al Congreso local una iniciativa para prohibir el establecimiento de casinos y table dances, y otra para castigar con el equivalente a cadena perpetua a quien asesine a policías o militares en funciones, así como a los secuestradores. La penalidad para secuestradores y homicidas de agentes policiacos o militares será hasta de 60 años de cárcel, con la posibilidad de acumular castigos por otros delitos, de tal forma que puedan pasar en prisión el resto de sus vidas. Dijo que la propuesta para evitar que los gobiernos municipales y el estatal autoricen centros nocturnos de bailarinas desnudas tiene que ver con procurar la dignidad de las mujeres y evitar que detrás de esos negocios estén bandas del crimen organizado. “La intención es eliminar los lugares conocidos como table dances, porque detrás de ellos está la trata de personas. No creo que la diversión de nadie pueda ser a costa de la dignidad de las mujeres”, dijo al acudir a la sede del Legislativo para entregar las iniciativas. También se busca cerrar las puertas a nuevos casinos. Actualmente operan al menos 10 en Torreón, Monclova y otros municipios coahuilenses. Texas tiene uno solo y ese estado es siete veces mayor en extensión que Coahuila, y casi 10 veces mayor en población. Nosotros llegamos a tener 25 casinos supuestamente autorizados, dijo.

Oaxaca, Oax., 6 de agosto. Un convoy de agentes de la policía estatal y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ingresaron este lunes al municipio de Santiago Amoltepec, en la sierra sur, donde liberaron a 12 de sus compañeros retenidos desde el viernes anterior por el síndico Aurelio López Hernández y un grupo de seguidores, para exigir la destitución del presidente municipal, Pedro Luis Jiménez.

Colima, Col. Trabajadores sindicalizados del municipio de Armería se presentaron en el Congreso local para pedir la intervención de los diputados y exigir la inhabilitación del presidente municipal, Ernesto Márquez Guerrero, por presuntos malos manejos y adeudo de más de 6 millones de pesos al gremio. El líder gremial, José Luis Chávez Cárdenas, entregó un escrito a una comitiva de diputados formada por Rigoberto Salazar, José Manuel Romero, Socorro Rivera, Juan Maldonado, Dámaso Valencia y Víctor Vázquez. Exigió que se realice una auditoría extraordinaria al gobierno armeritense, investigar la compra de vehículos nuevos para los miembros del cabildo, y revisar la declaración patrimonial de los funcionarios de primer nivel y miembros del cabildo. La protesta empezó en el municipio de Armería con una caravana vehicular que llegó a la legislatura local, en la capital. Insistieron en que el adeudo de la comuna con el gremio es de cerca de seis millones de pesos en cuotas sindicales, beneficio social, caja de ahorro, apoyos funerarios y cooperación para la construcción del edificio del sindicato. El priísta Rigoberto Salazar Velasco, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, declaró que turnarán el escrito al Órgano Superior de Fiscalización y la Auditoría Gubernamental.