n un desplegado difundido ayer, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) –que agrupa a los propietarios de las empresas más poderosas del país– afirma que ya son dos las elecciones presidenciales en las que los partidos que representan a las izquierdas alegan fraude porque el resultado fue contrario a sus intereses, y los acusa de crear un ambiente de intemperancia y de alentar acciones que afectan al público y a empresas como Soriana, en alusión a los actos de protesta y a las condenables agresiones en contra de dicha cadena de supermercados, vinculada con la presunta compra de votos en favor de la campaña presidencial del candidato priísta, Enrique Peña Nieto.

Aunque el presidente del CMHN, Claudio X. González, afirmó ayer que la intención del organismo es defender a la referida compañía, el pronunciamiento adquiere una significación distinta, en la medida en que se realiza en medio de un proceso electoral todavía inconcluso y cuando siguen acumulándose pruebas e indicios de que la pasada elección distó de ser ejemplar: se presenta ante la opinión pública como una más de las voces que presionan al Movimiento Progresista y a su candidato, Andrés Manuel López Obrador, para que desistan de sus reclamos de transparentar los pasados comicios presidenciales.

Por añadidura, el referido desplegado puede resultar muy conveniente para los actores políticos que han venido presionando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que acelere el proceso de validación de la elección y declare presidente electo al aspirante priísta lo antes posible. Dicha circunstancia configura un ambiente poco propicio para el correcto desempeño del órgano jurisdiccional y pone en entredicho las aseveraciones de algunos de sus integrantes de que se estudiará a fondo todas las pruebas presentadas por la coalición partidista de las izquierdas, y que la calificación de la elección será transparente y ajena a presiones.

Más allá de las formas, el pronunciamiento del CMHN reviste aspectos cuestionables en el fondo, pues insinúa que la inconformidad de López Obrador y su entorno social de apoyo ante los resultados de las pasadas elecciones equivale a crear un ambiente de intemperancia y a alterar el estado de derecho, y los responsabiliza, en particular, de la crispación y la animadversión generadas en torno a Soriana, sin que hayan hasta el momento pruebas contundentes al respecto.

Al respecto, cabe insistir que el rumbo de acción elegido hasta ahora por el tabasqueño ha consistido en recurrir y agotar los cauces institucionales en materia electoral, y que su apego a la legalidad ha sido reconocida incluso por organismos empresariales de los que no cabe suponer simpatía alguna por el candidato de las izquierdas, como la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Si el celo por la vigencia del estado de derecho manifestado por el CMHN en su comunicado es genuino, ese organismo tendría que ser uno de los principales interesados en demandar que la ley se respete a plenitud –empezando por los preceptos que demandan la realización elecciones limpias, libres y competidas– y que se esclarezcan y sancionen adecuadamente los indicios de prácticas ilícitas en materia electoral. En cambio, con posturas como la comentada da la impresión de que la élite empresarial del país reclama una aplicación selectiva y parcial de la ley, en el mejor de los casos, o de que busca, en el peor, erigirse como actor de inequidad electoral y distorsión democrática, tal como ocurrió en los comicios de hace seis años.