Huexca, municipio de Yecapixtla, Mor. Si Graco Ramírez Garrido Abreu –gobernador electo de Morelos– quiere conversar con el pueblo sobre su oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye dos plantas termoeléctricas y un gasoducto que pretende construir la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en una zona de peligro por el volcán Popocatépetl, el diálogo tiene que ser público y en la comunidad.

Así le habrían señalado integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (Fpdatmpt) a un enviado de Ramírez Abreu, Ricardo Robles, quien acudió el viernes pasado a la comunidad para proponerles algo que otro enviado ya les había planteado unos 10 días antes: crear una comisión del pueblo, que vaya a dialogar con el mandatario electo.

Informaron lo anterior –por separado– a este diario integrantes del frente, quienes solicitaron reservar sus nombres. Indicaron que otra condición para dicha conversación es que se gestione ante la CFE el retiro de demandas penales contra nueve personas de cuya existencia les informó el mismo enviado, además de la existente contra el delegado municipal de Huexca, Alejandro Estudillo, acusado de obstrucción de una obra pública, por la decisión comunitaria de obligar a suspender, desde el 16 de mayo pasado, las obras que ya había comenzado la paraestatal en este pueblo, ubicado a unos 11 kilómetros de Cuautla.

Robles habría indicado: Venimos porque no queremos que nos explote Huexca llegando a la gubernatura, pero, comentaron los informantes, “esto sólo lo van a resolver cancelando la termoeléctrica y el gasoducto.

No sabemos contra quiénes van (las demandas). Suponemos que son contra gente de Huexca, pero de otro lado también, porque en todos los pueblos por donde pasaría el gasoducto hay fuerte oposición. Son unos cuantos los que están en favor. Aquí, en Huexca, sólo tres entraron a trabajar a la CFE”, afirmaron.

Subrayaron que la CFE y el gobierno del estado han endurecido su discurso contra los opositores al PIM en el estado, Puebla y Tlaxcala, después de que el secretario de Desarrollo Económico estatal, Rafael Tamayo Flores, declaró que la obra no representa riesgo alguno para la población y son sólo tres o cuatro agitadores los opositores al proyecto (La Jornada, 1/8/12).

Ricardo Robles nos mencionó que la CFE dijo a Graco que si no queríamos por la buena, por la mala se iba a edificar la termoeléctrica. Esta gente nos está llamando mitoteros profesionales, cuando más bien ellos son despojadores profesionales. Dicen que está contemplado que en todas las obras haya este tipo de problemas, que es normal y que de todas maneras va a continuar el PIM, expresaron los inconformes.

Respecto de la afirmación del gobernador electo de Morelos de que la tecnología permite minimizar los peligros en la zona volcánica, comentaron: Por un lado, el señor tiene bastante desconocimiento o ve sólo sus intereses. Los científicos sostienen que no son viables. Incluso aseguran que no pueden predecir cuándo habrá una erupción. Creemos que si hay una explosión fuerte del ducto, eso puede mover las placas tectónicas y provocar una erupción. En 1919 alguien se metió a sacar azufre del volcán, pero como ya no había dinamitó el cráter y provocó la actividad del volcán por 15 años.

Por otra parte, integrantes del Fpdatmpt en Puebla informaron que, de manera conjunta con miembros del movimiento #YoSoy132 de esa entidad, crearán este lunes (6 de agosto) en Coapan, en el cerro de Tzapotecas, la Convención Estatal contra la Imposición y Más Allá, porque es contra la imposición de Peña Nieto, pero también contra los megaproyectos y las reformas estructurales. Al acto están invitadas todas las organizaciones sociales de Puebla.

#YoSoy132 se suma a la movilizaciónFoto Guillermo Sologuren

En la reunión de comisiones del Fpdatmpt efectuada en Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, el pasado 28 de julio, a la que asistieron representantes de Huexca, Jantetelco y Amilcingo, Morelos; San Francisco Coapan, Santa María Zacatepec y Nealtican, Puebla, y de San Vicente Xiloxochitla y San Damián Texolo, Tlaxcala, se acordó reforzar la organización. Si llega a haber represión contra alguna comunidad o persona, los tres estados nos vamos a movilizar. Y si va a haber acercamiento con autoridades el trato tiene que ser estado por estado y no con comunidades por separado.

La lucha del Fpdatmpt contra el PIM, si bien tiene como motor principal el peligro que implica su construcción en la zona de riesgo eruptivo del Popocatépetl, se enraiza en las batallas históricas de los pueblos indígenas de las tres entidades en defensa de sus tierras y recursos naturales, sobre los cuales han ido avanzando proyectos de infraestructura, como la autopista Siglo XXI y urbanizaciones, pozos de agua y otros que han significado para ellos engaño y despojo.

En San Francisco Coapan, ubicado a unos cuatro kilómetros de Cholula, ciudad conurbada con la de Puebla, el presidente del Fpdatmpt, Lorenzo Vázquez, expresó que en San Pedro Cholula, de 2 mil habitantes, la CFE quiere comprar tierras a 800 pequeños propietarios, de los cuales “sólo uno o dos por ciento está en favor.

Acá pararon el libramiento poniente de Puebla, que viene de Huejotzingo y va a Atlixco, entronca con la Siglo XXI y es parte del Arco Sur del Distrito Federal. Veinte pueblos estuvieron haciendo marchas tres años. Pararon la autopista, y ahora llegó el gasoducto. De hecho, son las mismas comunidades afectadas. Con lo de la autopista no nomás querían por donde iba a pasar la carretera, sino todos los terrenos para urbanización. La paramos y todas estas tierras se trabajan.

Ahora buscan privatizar el cerro Tzapotécatl, el cual es reserva ecológica, una propiedad pequeña. “Un abogado me dijo que no dejemos que nos lo quiten, porque nos va a pasar lo que con la Angelópolis: nos dieron 2.50 pesos por metro, sembraron arbolitos y un año después los tumbaron, y construyeron plazas comerciales.

El dinero es poquito. Al rato, a mis hijos, a mis nietos, ¿qué les voy a dejar? Estas son tierras productivas. Cuando me quiten mi terreno voy a decir: ¿de dónde traigo un elote, una calabacita? Si el de la ciudad tiene dinero, que se haga un taco de billetes y se lo coma. Acá sembramos hortalizas, coliflor, amaranto. Aquí trabajamos para alimentar a todos. Por eso no estamos conformes con que nos vayan a quitar las tierras.

–¿Y si les expropian? –se le preguntó.

–No nos vamos a dejar. Con todos los pueblos unidos el gobierno no puede –afirmó.

En Santa María Zacatepec nos proporcionaron copias de algunos escritos contra el PIM, de las muchas comunidades que los han enviado a gobiernos, comisiones de derechos humanos y congresos estatales, demandando que se cancele dicho plan. En el escrito de Huexca rubrican representantes de las comunidades de Amilcingo, Jantetelco y Amayuca; en el de Santa María Zacatepec son 80 firmantes, además de las autoridades municipales y el comisario ejidal; en el de Los Reyes Tlanelchicolpan son 56 y otras tantas en el de San Gregorio Zacapechpan.

Éstas, además de las 46 organizaciones de derechos humanos, feministas, ecologistas, eclesiales de base, redes de organismos civiles, de defensa de las garantías de indígenas, de la infancia, de los árboles, así como ciudadanos de a pie, enviaron un escrito con similar demanda al presidente Felipe Calderón, a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y a la CFE, así como a los gobernadores de Morelos, Puebla y Tlaxcala. O sea, no son tres ni cuatro agitadores los que se oponen al PIM.