La organización internacional Human Rights Watch (HRW) subrayó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con una oportunidad única para reformar el sistema de justicia militar y eliminar una de las mayores causas por las cuales quedan impunes graves violaciones de derechos humanos cometidas por elementos castrenses.

Desde ayer, la Corte analiza al menos 28 casos que cuestionan el uso de la jurisdicción militar para investigar y juzgar supuestos abusos cometidos por militares contra civiles. Los recursos se interpusieron a partir de un fallo dictado en julio de 2011 por el máximo tribunal, en el que dispuso que el Poder Judicial de México está obligado a cumplir con las sentencias internacionales que prohíben investigar y juzgar violaciones de derechos humanos en el fuero militar.

La SCJN tiene la posibilidad de asegurar que se ponga fin al uso de un sistema opaco y sin imparcialidad, que ha protegido a militares por sobre sus víctimas, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

La ONG internacional recordó que en su informe de noviembre de 2011, titulado Ni seguridad ni derechos, documentó violaciones generalizadas de garantías fundamentales cometidas por soldados de México en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada. Una de las principales causas por las cuales se repiten los abusos es que estos son investigados y juzgados en el sistema de justicia militar, que carece de la independencia e imparcialidad necesarias para juzgar a sus propios miembros.

Indicó que los jueces militares no tienen autonomía del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que regularmente no emiten sentencias que contradigan al funcionario; de ahí la importancia de que los casos sean atendidos por la justicia civil.

La Procuraduría General de Justicia Militar, asentó HRW, inició casi 5 mil investigaciones de violaciones a garantías cometidas por soldados contra civiles entre 2007 y abril de 2012. Sin embargo, datos de la Sedena refieren que durante ese periodo se ha condenado tan sólo a 38 militares en el fuero militar. Además, los registros de la Sedena no permiten identificar claramente qué proporción de estas personas estaban prófugas y fueron condenadas en ausencia, ni cuántas fueron exoneradas en instancia de apelación. A su vez, a 11 de los 38 militares condenados se les impuso una pena por delitos cometidos antes de 2007.

La sentencia dictada en julio de 2011 por la SCJN se basó en el pronunciamiento emitido en noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por elementos del Ejército durante la llamada guerra sucia. En la resolución la CIDH determinó que frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar. La sentencia forma parte de un total de cuatro decisiones adoptadas por la Corte Interamericana desde 2009, en las cuales exige a México abandonar el uso del sistema de justicia militar para investigar y juzgar violaciones a garantías.

HRW enfatizó que, tras el fallo de la CIDH y de la SCJN, Felipe Calderón manifestó reiteradamente su compromiso de implementar las sentencias y reformar el uso de la jurisdicción militar. Sin embargo, en la práctica los casos de presuntos abusos militares contra civiles continúan siendo investigados en la jurisdicción militar.

Por ello la organización afirmó que la Corte podría ratificar su decisión de julio de 2011 al disponer en estos nuevos casos, esta vez con carácter definitivo, que los civiles que sean víctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a una investigación independiente e imparcial en la justicia penal ordinaria. Con ello sentaría las bases para asegurar transparencia y justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas por militares.