En una decisión histórica, un juzgado federal decretó ayer el auto de formal prisión en contra de cuatro generales del Ejército Mexicano, por delitos contra la salud y delincuencia organizada. Con la decisión, el divisionario y ex subsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez serán procesados, sin derecho a la libertad bajo fianza, porque los delitos que se les imputan son considerados como graves.

Además, el juzgado tercero de distrito en materia de procesos penales federales, con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de México, también resolvió proceder penalmente contra el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, por los mismos delitos.

En su resolución, el juez argumentó que el auto de formal prisión, con excepción del general Pérez Ramírez, lo dictó con base en los elementos de prueba que constan en el expediente, en el que se desprenden indicios suficientes que comprobaron el cuerpo de delito de delincuencia organizada y que hacen probable la responsabilidad penal de los procesados en su comisión, ya que se obtienen informes de que los mencionados, como servidores públicos, favorecían los intereses de la organización delincuencial conocida como los Beltrán Leyva, con la que se les relaciona.

Agregó que, al menos durante el año 2007, proporcionaron a dicha organización información que conocían con motivo de sus funciones y que resultaba útil para dicho grupo delincuencial, además de que apoyaron de distintas maneras y en aquella temporalidad para que dicha organización pudiera hacer descender en el aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo, aviones procedentes de Colombia y Venezuela con cocaína para abastecer combustible y continuar su destino hacia el centro del país, convirtiendo el vuelo de internacional a nacional, para de esa manera evitar mayores revisiones.

En cuanto al general Pérez Ramírez, consideró que probablemente intervino en una reunión con dos miembros del grupo de los Beltrán Leyva, a quienes presentó con los militares encargados de los turnos del aeropuerto de aquella ciudad, para que estos últimos acordaran con los primeros el apoyo a sus actividades ilícitas, con lo cual y de manera probable colaboró en el fomento para posibilitar la realización de delitos contra la salud.

Con la decisión culmina la primer etapa de este proceso penal en contra de los militares que se inició el pasado 15 de mayo, después que la Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa en contra de los militares, basada en dichos de testigos protegidos que aseguraron que los oficiales tenían nexos con operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Sin embargo, desde que se hizo público el proceso en su contra y fueron arraigados, los generales –salvo Pérez Ramírez– alegaron inocencia y denunciaron que la PGR fabricó su culpabilidad con base en testigos protegidos que pertenecieron a la delincuencia organizada.

El caso del general Ángeles Dauahare causó mayor revuelo en el medio político y castrense, en razón de su jerarquía de divisionario y por la ascendencia de respeto y autoridad que aún mantiene en un sector importante del medio militar.

El juzgador señaló que una vez que dictó el auto de formal prisión se abrió la etapa procesal de instrucción para que aporten las pruebas que a su derecho convenga.

Este proceso inédito se inició oficialmente el pasado 15 de mayo, cuando los generales Ángeles, Dawe y Escorcia fueron entregados a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) por elementos de la Policía Judicial Federal Militar; dos días más tarde, la PGR les notificó que un juzgado federal había concedido su arraigo por 40 días, y el 25 de junio que el plazo se ampliaba a 80 días.

Durante la integración de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, la PGR dio entrada a testimonios anónimos que no resultaron ciertos, como que el general Ángeles Dauahare favoreció la venta de cocaína cuando fue director del Colegio Militar; que sostuvo encuentros en el sur de la ciudad de México con Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, y que entabló negociaciones con integrantes de Los Zetas.

Los testigos protegidos que acusaron a los militares están identificados en el expediente como Jennifer (cuyo nombre es Roberto López Nájera); Mateo (Sergio Barragán Villarreal, El Grande, operador del cártel de los Beltrán Leyva); La Barbie (Édgar Valdez Villarreal), además del mayor Arturo González Rodríguez, sujeto a proceso penal desde 2008 por reclutar militares en el Estado Mayor Presidencial para el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.