San Cristóbal de Las Casas, Chis., 6 de agosto. El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y el Grupo de Mujeres de San Cristóbal exigieron al Estado mexicano que cumpla con las observaciones que 23 expertas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le hicieron por el incumplimiento de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Las expertas expresaron su preocupación por los altos niveles de inseguridad y violencia de género que vivimos las mexicanas, y por la estrategia de seguridad pública para combatir al crimen organizado, afirmaron las representantes de ambos organismos en conferencia de prensa.

Manifestaron que las integrantes del comité recomendaron al Estado mexicano revisar su estrategia de seguridad para combatir al crimen organizado de acuerdo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluida la CEDAW, y poner fin a los altos niveles de inseguridad y violencia en el país, que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas.

Dijeron que las recomendaciones fueron hechas el 17 de julio durante la sesión del comité, realizada en Nueva York, cuando la delegación oficial mexicana presentó el informe correspondiente.

Añadieron que en la reunión también participaron representantes de la llamada Coalición CEDAW –conformada por 140 organizaciones no gubernamentales de México–, que elaboraron y presentaron 18 informes sombra con igual número de temas o capítulos.

Frente a los cuestionamientos que las expertas formularon, la delegación oficial mexicana se comportó de forma evasiva, justificando sus omisiones y la falta de cumplimiento de la convención, señalaron.

Dijeron que los informes que desde la sociedad civil se hicieron llegar al comité coinciden en señalar que “el clima de violencia e impunidad que viven las mujeres en México ha propiciado el incremento de los feminicidios, las desapariciones forzadas, la trata de personas, amenazas contra periodistas y defensoras de los derechos humanos, la criminalización del aborto y la militarización del país”, entre otras cosas. México, que firmó la CEDAW, presenta sus informes acerca de su cumplimiento cada cuatro años, pero el gobierno federal no ha entregado cuentas claras y tiene informes pendientes, entre ellos los de 2006 y 1990, por ejemplo, afirmó Martha Figueroa Mier, presidenta del Grupo de Mujeres de San Cristóbal.