e acuerdo con un informe de la Red para la Justicia Fiscal (TJN, por sus siglas en inglés), mencionado en estas páginas el fin de semana pasado, existen unos 417 mil millones de dólares propiedad de mexicanos depositados en los llamados paraísos fiscales del Caribe. Se trata, apunta la investigación, de números conservadores que reflejan únicamente la riqueza financiera y excluyen las propiedades inmobiliarias, yates y otros activos no financieros poseídos a través de estructuras financieras radicadas en los mismos paraísos fiscales.

Según el documento, quienes acuden a tales depósitos buscan el anonimato para ellos, sus familias, negocios y conexiones políticas; evitar pagos al fisco; la posibilidad de acceder y administrar su fortuna desde cualquier parte del mundo, así como proteger sus activos “de las continuas amenazas no sólo de los recaudadores de impuestos y fiscales, sino también de secuestradores, chantajistas, espías, paparazzi, oponentes políticos, parientes descontentos, ex esposas y ex amantes”.

La situación referida no atañe exclusivamente a México. A escala planetaria se calcula que entre 21 y 31 billones de dólares están depositados en esos sitios, lo que equivale a entre dos y tres veces el valor de la economía de Estados Unidos en su conjunto. En cuanto a México, los recursos privados enviados a paraísos fiscales equivalen a 2.6 veces el saldo de la deuda externa pública del país.

Es imposible no ver los vínculos entre el fenómeno mencionado y asuntos como la crisis financiera mundial y la escasez de recursos que enfrentan los países del sur de Europa; el incremento desmesurado de la desigualdad en el mundo, y en México en particular; la evasión fiscal en gran escala y la falta de recursos públicos para enfrentar la miseria, el desempleo y la marginación, así como el auge de la delincuencia organizada como proceso local e internacional.

En efecto, la masiva migración de recursos hacia paraísos fiscales, hecha posible por la opacidad y la complacencia de reglas y autoridades nacionales e internacionales que debieran regular las transacciones financieras, es expresión del saqueo económico perpetrado por un puñado de individuos –menos de cien mil personas en el mundo, a decir del documento referido– y retrata de manera inequívoca el saqueo de las economías perpetrado al amparo de privatizaciones dudosas, contratos amañados de obra y adquisiciones públicas, procesos tramposos de quiebra de empresas, evasión fiscal y otras prácticas corruptas y delictivas, por no hablar de las utilidades que genera la delincuencia organizada propiamente dicha, es decir, la que se practica fuera de oficinas públicas y conglomerados empresariales honorables. En la turbiedad que impera en los paraísos fiscales conviven toda suerte de agentes económicos y actores sociales, a condición de que sean inmensamente ricos.

La creación de mecanismos eficaces de fiscalización de los flujos financieros internacionales es, pues, indispensable para enderezar el rumbo de la economía mundial, pero también para poder instaurar políticas fiscales eficientes en los ámbitos nacionales, así como para generar condiciones que permitan enfrentar, en forma creíble y eficiente, a la criminalidad organizada.