Un tribunal federal puso fin a un litigio de cuatro años que involucra uno de los pocos casos en que los tribunales mexicanos han fallado en contra de una abogada postulante acusada de traicionar los intereses de su defendido, al obtener un excedente mayor al pactado como parte de sus honorarios profesionales.

Según consta en la sentencia 1604/11, de la que tiene copia La Jornada, el décimo tercer tribunal colegiado del primer circuito en la ciudad de México confirmó una resolución de noviembre de 2011, en la que la sexta sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal condenó a la penalista Bárbara Castro Félix al pago de una indemnización por concepto de daño moral y a una reparación patrimonial a favor de un empresario del ramo de la construcción.

La confirmación del fallo de la sala penal ocurrió la última semana de junio pasado, y unos días mas tarde, el 11 de julio, el mismo órgano jurisdiccional del Distrito Federal, en cumplimiento a un requerimiento de ejecución de sentencia, fijó en 20 millones de pesos el pago de la indemnización por concepto de reparación de daño moral a favor de un empresario mexicano que fue defendido en 2007 por Bárbara Castro.

El empresario Domenico Quadrini D’Orazio, ex dueño de la distribuidora CM Acero, estuvo preso en el Reclusorio Sur del 22 de mayo de 2006 al 9 de junio de 2008 acusado de fraude ante el juzgado 66 de lo penal; tras un largo juicio, en el que la penalista Bárbara Castro fue su defensora particular, resultó absuelto por todas las instancias judiciales.

Castro fue acusada por Quadrini ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), del delito de fraude, ya que en complicidad con los empresarios David Hanono e Isaac Cherem falsificaron la firma de Quadrini para obtener la escritura pública 41,451. En ese acto jurídico constaba que el empresario había aceptado el 17 de enero y el 15 de febrero de 2008, en el interior del Reclusorio Sur, que tenía un adeudo con Hanono y Cherem por 4 millones 764 mil pesos.

En esa escritura pública la abogada Bárbara Castro firmó como testigo, pero según consta en ese documento notarial, la escritura fue firmada por Quadrini en la cárcel. Sin embargo, éste último logró demostrar, mediante la lista de visitantes al reclusorio, que los días 17 de enero y 15 de febrero de 2008 no recibió visitas.