Buenos Aires, 14 de agosto. El ex presidente argentino Fernando de la Rúa (1999-2001) comenzó a ser juzgado este martes junto a otras seis personas acusadas de sobornos para que el Senado aprobara en 2000 una reforma laboral exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), constató Afp.

De la Rúa, de 74 años, quien lucía tranquilo en la primera jornada del juicio oral, está acusado del delito de cohecho activo agravado y malversación de caudales públicos, que prevé penas hasta de diez años de prisión.

Es el acto de corrupción institucional más grave desde el regreso a la democracia en 1983, dijo este martes al llegar a los Tribunales Mario Pontaquarto, quien se autoincriminó ante la justicia al denunciar el hecho.

La causa ventila el escándalo de las denuncias del arrepentido Pontaquarto y otros testigos, por el pago de unos cinco millones de dólares a senadores para que votaran a favor de la norma que eliminaba derechos laborales y que fue exigida por el FMI como condición para mantener el apoyo financiero al gobierno de De la Rúa.

Esta no es la primera vez en Argentina que un ex mandatario constitucional es juzgado, ya que Carlos Menem (1989/99) resultó absuelto en 2011 en un juicio por contrabando de armas a Croacia y Ecuador, aunque está acusado de encubrimiento en la causa por el atentado a la mutual judía AMIA en 1994, que dejó 85 muertos y 300 heridos.

Actualmente fuera de la política, De la Rúa, quien estaba enrolado en el ala conservadora de la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR, ahora oposición), escuchó durante más de dos horas la lectura de la acusación sentado en primera fila en la sala de audiencias.

Detrás de él se ubicaron el ex jefe de inteligencia, Fernando de Santibañes; el ex ministro de Trabajo, Mario Flamarique; además de cuatro ex senadores, todos acusados de cohecho, al igual que el ex secretario parlamentario Pontaquarto.

El denunciante, de igual filiación política que De la Rúa, anticipó este martes a la prensa que durante el juicio ratificará su versión de lo ocurrido y pidió ser condenado por el tribunal.

Si no hay condena para mí, que me autoincriminé, no hay condena para nadie, advirtió.

El escándalo llevó a la renuncia al entonces vicepresidente Carlos Álvarez (centroizquierda) y fue el detonante de una crisis institucional, política y económica, que derivó en la caída del gobierno de De la Rúa a finales de 2001, en medio de una rebelión popular que dejó una treintena de muertos.

De la Rúa ha negado las acusaciones e incluso publicó en 2005 el libro Operación política-La causa del Senado con el fin de desmentir la denuncia de Pontaquarto.

Todo es un invento, Pontaquarto miente y por eso esperamos demostrar la inocencia de De la Rúa, dijo su defensor Jorge Kirszenbaum, en declaraciones este martes a la porteña radio Jai.

Entre los casi 400 testigos figuran la presidenta Cristina Fernández Kirchner, entonces senadora y que votó contra la llamada ley de flexibilización laboral, quien declarará por escrito, así como los ex mandatarios Adolfo Rodríguez Saá (última semana de 2001) y Eduardo Duhalde (2002-2003), miembros de la bancada peronista, en aquel momento en la oposición.

Otro testigo será el titular de la central obrera CGT, Hugo Moyano, quien había denunciado que el ex ministro Flamarique le comentó que para los senadores tengo la Banelco (una tarjeta de débito), para vencer la resistencia que había en el Senado para la votación de la ley exigida por el FMI.

Se estima que el juicio que se celebra en los tribunales de Buenos Aires tendrá una extensión de entre seis y ocho meses.