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Defiende el movimiento que expropia productos básicos y luego los reparte a los pobres

España debe asegurar una renta básica a desempleados: alcalde de Marinaleda

Tres sindicalistas andaluces enfrentan acusaciones de la fiscalía por robo en almacenes

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Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda (extremo izquierdo) y miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores al salir, en días pasados, de un tribunal de Turquillas, en Osuna, donde enfrentan cargos por robar en supermercadosFoto Reuters
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de agosto de 2012, p. 29

Madrid, 14 de agosto. Bajo la máxima de que los ricos son los que han provocado esta crisis y los pobres son los que la están pagando, un grupo de sindicalistas andaluces inició una revuelta popular a la cual llamó intifada civil no violenta que consiste en la expropiación de productos en grandes almacenes para entregarlos a las capas más desfavorecidas de la sociedad.

Uno de los líderes del movimiento es el alcalde comunista de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, político heterodoxo que gobierna la localidad desde 1979 con un sistema asambleario y un modelo económico cooperativista que ha permitido que el pueblo tenga un índice de desempleo de 0 por ciento.

Con una tasa de desempleo de 24.6 por ciento, lo que supone que más de cinco millones 650 mil personas no tienen trabajo, incluidas más de un millón 600 mil familias sin ningún ingreso económico, la situación en España es cada día peor. La pobreza alcanza ya cifras superiores a las de los países de la región, con 25 por ciento. Además, los recortes a políticas sociales, a inversiones en infraestructura, a la salud y la educación, han deteriorado la situación de la población en menos de ocho meses de gobierno del conservador Mariano Rajoy, quien se encontraba de vacaciones hasta hoy.

El aumento de la pobreza, así como el desamparo en el que quedan muchas familias –incluidos los que sufren desahucios de bancos–, han inspirado a un grupo del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) a llevar a cabo una serie de expropiaciones en diversos supermercados del sur del país. En acciones coordinadas, decenas de voluntarios llegaban al establecimiento y, de forma pacífica, se llevaban todo lo que podían cargar en sus vehículos. Después todos los productos –leche, azúcar, sal, huevos, etcétera– eran redistribuidos en comedores sociales o en centros de atención a personas sin trabajo.

Los ricos han provocado esta crisis y lo malo es que la están pagando los pobres. Hacen falta otras salidas. La estafa privada de los grandes bancos no se puede pagar con dinero público. Es un robo a mano armada, explicó uno de los líderes de la movilización, el alcalde Sánchez Gordillo, quien ha sido criticado por su partido, Izquierda Unida, y compañeros de filas. Lo que pasa es que aquí, en España, a las cosas se les llama de distinto nombre. Si los ricos roban se dice que estamos en crisis. Si robas una gallina o en un supermercado, eres un ladrón.

Sánchez Gordillo, alcalde y diputado, anunció que renunciará a su condición de inmunidad para responder ante la justicia por las imputaciones que ya le han sido tramitadas por la fiscalía española, que pretende procesar a tres de los sindicalistas que llevaron a cabo las expropiaciones. Nuestras acciones no son violentas, el objetivo es llamar la atención para iniciar una reflexión sobre la necesidad de que en España haya una renta básica para los desempleados que les asegure condiciones mínimas de subsistencia, refirió el político andaluz.

Durante su larga gestión en Marinaleda, donde Sánchez Gordillo gobierna desde 1979, se ha llevado a cabo un experimento político y económico único en el país. En menos de 25 kilómetros cuadrados de extensión se ha logrado que un pueblo de más de tres mil habitantes tenga un índice nulo de desempleo. El esquema es el clásico de las cooperativas populares, que ha puesto en marcha una actividad económica capaz de mantener a los jornaleros y sus familias.

También Marinaleda fue diferente en relación a la burbuja inmobiliaria, pues mientras en el resto del país proliferaban las construcciones nuevas de manera indiscriminada, en este pueblo se logró el milagro de que se pudiera acceder a una vivienda digna por sólo 15 euros al mes (unos 250 pesos mexicanos), con la única condición de que la persona que aspiraba a vivir en esa casa tenía que ayudar en su construcción y en la del resto de los vecinos, si así lo requerían.

En Marinaleda tampoco existe un cuerpo policial y las decisiones que afectan a la localidad se toman en asambleas. Un pueblo que también apoya a su alcalde y sus acciones de expropiación a los grandes comercios.