Inconforme con la negativa del Instituto Federal Electoral (IFE) a su petición de adelantar la fiscalización de las campañas presidenciales, el Movimiento Progresista presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En su demanda pide a este órgano que no resuelva la calificación presidencial hasta en tanto no cuente con la información de las quejas relacionadas con los gastos de campaña del candidato priísta Enrique Peña Nieto.

La responsable (IFE) pierde de vista los propósitos de los procedimientos sancionadores y del procedimiento sumario de fiscalización, en relación con los resultados de la elección y la calificación presidencial, pretendiendo limitar y circunscribir los citados procedimientos sin sustento alguno a la simple imposición de sanciones establecidas en la ley, desligándola de los resultados electorales como si las normas en materia de origen, destino y monto no constituyeran normas de interés público que forman parte de los principios constitucionales que dan validez a una elección.

Por tal motivo en su escrito solicita declarar la no aplicabilidad de los plazos procesales previstos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para la resolución de los juicios de inconformidad y para realizar el cómputo final y la sucesiva calificación de la elección y, en su caso, declaración de presidente electo.

Institución omisa

El Movimiento Progresista acusa al IFE de omisión en atender las peticiones para la realización de un procedimiento extraordinario de fiscalización, y de que su respuesta negativa carece de fundamentación y motivación, amén de partir de premisas falsas para justificar jurídicamente el sentido de la decisión.

También cuestiona el desempeño de la Comisión de Fiscalización del instituto y sus argumentos relacionados con el número de espectaculares detectados a la coalición Compromiso por México. Al respecto, censura las argumentaciones que justifican que se trata de una primera etapa de revisión, cuando en realidad lo que hizo la citada comisión es “proporcionar información parcial e inconexa sin dar cuenta de revisión alguna, es decir, sin dar cuenta de algún comparativo o simple cotejo entre lo reportado por los partidos y los resultados del monitoreo”.

A decir de la alianza de izquierda, el reporte de la Comisión de Fiscalización sobre que detectó 26 mil espectaculares es incompleta y de él se desprende el ocultamiento de información, así como la omisión de revisar la (...) proporcionada por los partidos políticos, y de la vigilancia del cumplimiento legal de las operaciones relativas al financiamiento y gasto, contrariamente a la transparencia aducida.

El recurso de la coalición cuestiona incluso que el instituto argumente los plazos en la legislación electoral para sustentar su negativa. A juicio del Movimiento Progresista, la decisión del propio IFE de adelantar el procedimiento de fiscalización refleja que no hay impedimento legal para adoptar una nueva actitud para impulsar un procedimiento extraordinario, subrayando que ambos esquemas no son iguales.