Cada día en la ciudad de México son robados, en promedio, 10 teléfonos celulares en asaltos a transeúntes con o sin violencia, según cifras de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Hasta el primer semestre de este año la dependencia recibió mil 813 denuncias por este delito, poco menos de la mitad de las tres mil 786 que se presentaron durante 2011, cifra similar a la reportada en 2010, de tres mil 728 aparatos robados, es decir, que el índice se ha mantenido estable en los tres años recientes.

En este escenario, en septiembre próximo entrará en vigor una reforma a Ley Federal de Telecomunicaciones, la cual ordena que en caso del robo o extravío del aparato se debe cancelar el número de identificación internacional del teléfono (IMEI, por sus siglas en ingles), para evitar que sea utilizado para la comisión de delitos.

Esta acción ya se efectúa en la capital del país desde 2010, cuando a iniciativa del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF, se firmó un convenio con las empresas de telefonía celular para tal efecto.

De esta manera, según datos del organismo, se han inutilizado alrededor de 25 mil teléfonos móviles, lo que significa una afectación económica superior a los 37 millones de pesos a las bandas dedicadas a este ilícito, tomando en cuenta que en el mercado negro se venden equipos que llegan a costar más de 10 mil pesos a un precio de entre mil y mil 500.

Al congratularse por las reformas a la citada ley, el consejo ciudadano hizo un llamado a las autoridades federales para llevar a cabo la máxima difusión posible de los pasos que deben seguir los ciudadanos a partir del primero de septiembre para cancelar un teléfono móvil robado o extraviado.

Lo anterior, agregó, para evitar que la nueva norma quede sin aplicación o alejada de la realidad cotidiana de los ciudadanos, como sucedió con otras acciones, como el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, sobre todo tomando en cuenta que en el país se estima que hay más de 95 millones de celulares en activo.

Consideró el organismo que la puesta en marcha de esta medida debe ser la cuestión definitiva para abatir delitos como el robo a transeúnte y las extorsiones telefónicas.

Con información de Tania Sánchez