yer, en conferencia de prensa, el presidente de MVS, Joaquín Vargas, explicó los entretelones del rescate –es decir, la negativa a refrendar la concesión– de la banda de 2.5 Ghz realizado por el gobierno federal en perjuicio de la referida empresa de telecomunicaciones. La narración de Vargas tiene visos de credibilidad, habida cuenta de la abierta parcialidad con que la presente administración ha manejado las concesiones para favorecer principalmente a Televisa, con lo cual no sólo ha fortalecido las tendencias monopólicas en la economía, sino ha causado un severo estancamiento en el desarrollo de las telecomunicaciones en el país.

Como se recordará, el año pasado sometió a la consideración de diversas instancias del gobierno federal un proyecto para utilizar parte de la banda en disputa para aplicar una nueva tecnología de banda ancha móvil que permitiría atender a más usuarios y a menor precio. Por más que el proyecto recibió la aprobación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), la administración calderonista lo rechazó sin ofrecer explicaciones. En contraste, el gobierno federal ha conseguido durante casi seis años mantener cerrado el mercado de la televisión, lo que ha favorecido al duopolio imperante, y si ha abierto en alguna medida el de las telecomunicaciones ha sido para para perjudicar a sus competidores. Un caso concreto es el de la sistemática negativa para permitir a Telmex la realización de actividades televisivas y las autorizaciones a Televisa y Tv Azteca para que operen –incluso de manera conjunta, como ocurre con Iusacell– empresas de telefonía móvil.

Las revelaciones del empresario se refieren también a que las autoridades federales utilizaron sus atribuciones en materia de telecomunicaciones para chantajear a MVS y forzarla a que tomara una posición determinada en el diferendo que se suscitó entre ese corporativo y la comunicadora Carmen Aristegui, quien había formulado al aire cuestionamientos sobre el presunto alcoholismo de Felipe Calderón. Vargas relató que fue amenazado por Javier Lozano Alarcón, ex secretario del Trabajo, en estos términos: Hemos encontrado que tu proyecto de la (banda de) 2.5 Ghz tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista (Carmen Aristegui), a tu proyecto se lo lleva la chingada.

Se exhibiría, de ser cierta esta versión, una confluencia perversa de intereses políticos autoritarios e inconfesables con un conjunto de complicidades entre el poder público y las corporaciones empresariales que dominan el mercado de las telecomunicaciones.

Por lo demás, la narración de Vargas obliga a recordar el testimonio del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, acusado a principios de este sexenio de poseer sustancias precursoras para fabricar narcóticos y de cientos de millones de dólares en efectivo. Antes de escapar a Estados Unidos, el imputado dijo que Lozano Alarcón lo había obligado a guardar el dinero, que supuestamente correspondía a la campaña presidencial de Felipe Calderón, y que lo había extorsionado con la expresión cooperas o cuello. El asunto evoca también, de manera inevitable, el caso del empresario que dijo haber entregado un vehículo de doble tracción al ex presidente Vicente Fox a cambio del buen destino de un trámite, transacción que habría sido exigida por la consorte del entonces mandatario. Ni en su momento ni hasta ahora se ha desmentido tal señalamiento.

Desde otro punto de vista, las revelaciones de Vargas llevan a preguntarse por los entretelones de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en la que también participó de manera central el ahora senador electo por Puebla, así como la interminable agonía legal en que el gobierno ha mantenido a la Compañía Mexicana de Aviación, proceso en el cual también ha participado Lozano Alarcón.

En la recta final de esta administración, en suma, empieza a verse un andamiaje de arbitrariedad, discrecionalidad y posible ilegalidad que podría explicar decisiones en materia de telecomunicaciones que hasta ahora habrían podido parecer simplemente absurdas e incongruentes. Tal vez no lo sean tanto. El gobierno federal está en la obligación de ofrecer una explicación puntual y exhaustiva a este respecto.