l pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que cualquier delito cometido por un militar y que no afecte los bienes jurídicos (del arma a la que pertenezca) o la disciplina castrense debe ser conocido por jueces civiles, sean federales o civiles.

La sustancia del fallo implica que las infracciones cometidas por uniformados no estén relacionadas con la disciplina militar, incluso si no hay civiles involucrados en el ilícito, deben ser juzgadas fuera de las cortes castrenses.

La decisión fue tomada en el marco del caso 60/2012, relacionado con soldados que acusaron de posesión de mariguana a civiles, los cuales demostraron que los militares habían incurrido en falsedad de declaraciones, por lo que el máximo tribunal del país estableció que ese último delito deberá ser visto por un juez civil del ámbito federal.

La determinación de la SCJN es, pues, una acotación adicional al fuero militar, cuya injustificada amplitud da margen para la impunidad y constituye en la actualidad uno de los principales obstáculos para combatir las violaciones a los derechos humanos por parte de personal castrense. Tales violaciones, como se sabe, se han incrementado en forma alarmante en el marco de la estrategia oficial contra la delincuencia organizada.

De hecho, algunas organizaciones sociales han señalado que en regiones en las que se ha movilizado a las fuerzas armadas, la población civil, y no los criminales, ha llevado la peor parte en las confrontaciones y en los abusos de ambas partes.

Ejecuciones extrajudiciales, muertes colaterales, privaciones ilegales de la libertad, casos de tortura, allanamientos, lesiones, robos y otros atropellos han sido imputados por los afectados a efectivos de las fuerzas armadas sin que haya procedido una impartición de justicia regular, debido a la opacidad y la discrecionalidad que permite el fuero castrense.

Por lo demás, las propias instituciones armadas del país han sufrido un daño significativo en la credibilidad y la confianza que debieran inspirar a la población civil y el tema del respeto a los derechos humanos ya es abordado con creciente frecuencia por los mandos castrenses. Ayer, por ejemplo, el director del Colegio de Defensa Nacional, el general Ernesto Aguilera Casados, exhortó a los egresados de una de las maestrías que se imparten en ese plantel a vivir con mérito, respetando la ley y los derechos humanos.

Pero, independientemente de la necesidad de que se inculque entre la tropa, las clases y los oficiales el pleno respeto a las garantías y a los derechos individuales, es necesario concluir las reformas al fuero militar a fin de contar con una legislación precisa y clara al respecto.

Adicionalmente se requiere, por supuesto, de la voluntad política para cumplir con las normas y la jurisprudencia.

De cualquier forma, la solución de fondo y necesaria es el retiro de las fuerzas armadas de la lucha contra la delincuencia. Como se ha señalado en innumerables ocasiones, los militares no son policías, no tienen por qué estar capacitados para serlo y su estatuto constitucional es claro. Desvirtuar su misión conlleva, a la larga, un desgaste institucional inevitable y una erosión de su imagen entre los civiles.