lejandro Encinas, senador electo, escribió hace unos días que en este país del absurdo, ahora resulta que actuar bajo los términos que establece la ley y hacer valer los derechos que la misma confiere, es considerado un acto subversivo que desestabiliza al país, repitiendo la queja que desde el fin de los comicios reiteran los principales voceros del Movimiento Progresista. Hace seis años, luego de comprobarse la indebida intervención del presidente Fox en las elecciones presidenciales y no obstante la pruebas en manos del tribunal, López Obrador fue estigmatizado por apelar a la calle, movilizar la protesta ciudadana y descalificar la parcialidad de las sacrosantas instituciones. Fox no pudo esconder la mano pero no recibió sanción alguna; tampoco su candidato, beneficiario de dichas prácticas ilícitas. Los castigos por los casos Amigos de Fox y Pemexgate fueron inéditos, muy importantes, pero tardíos. Supimos entonces que hay ciertas conductas reprobables, visibles, inocultables que, sin embargo, en nuestro sistema pasan sin graves consecuencias o quedan impunes o están deliberadamente indefinidas en las leyes para ser burladas o no existe la menor voluntad de aplicarlas. Son una suerte de tabúes implícitos arraigados en la mentalidad proveniente de los reflejos del presidencialismo vertical y autoritario, el mismo que hoy se deslava en el ideario del democratismo ramplón que ostenta como timbre de orgullo una generación de expertos funcionales a los nuevos arreglos del poder. Son los que Encinas llama los templarios de la legalidad.

Los partidarios oficiosos y oficiales del PRI pueden creer que nada impedirá que Peña Nieto sea declarado presidente electo. En rigor, no temen al fallo judicial que está pendiente pues asumen que pase lo que pase el tribunal no hará nada en sentido contrario. Pero el proceso legal aún no termina y mientras eso ocurra el Movimiento Progresista tiene todo el derecho a impugnar, así sea para exigir la invalidación de la elección, asunto que tanto escuece a sus adversarios. Ante eso, los templarios de la democracia pierden los estribos. En lugar de examinar la calidad de la pruebas, el juicio sumario se produce como respuesta a la solicitud de nulidad a partir de la interpretación del texto constitucional. Y más aún, para justificar la revisión de la elección presidencial, aseguran que detrás de las protestas no hay otra cosa que el intento de desestabilizar la anhelada normalización democrática, pues, bien visto el problema no es para tanto, ya que la diferencia en las urnas fue abismal y las evidencias de ilícitos o irregularidades no son tales ni tan graves… Pues, digamos, ¿qué tanto es un poco de compra de votos? ¿Qué importa un poco de rebase de topes de campaña? ¿Qué pesa la manipulación mediática o el uso machacón de encuestas inamovibles? ¿Cuántos votos suman o restan las trampas advertidas o las mañas telegénicas? O las agudas acusaciones que en boca de demócratas (mexicanos) son vituperio: ¿por qué si esas eran las reglas del juego –compra de votos, recursos no contabilizados, etcétera– aceptaron contender?

Al final, uno se puede preguntar si tales denuncias se observarían con la misma parsimonia si el Movimiento Progresista no hubiera puesto en la escena el tema de la nulidad. Se olvida que el tribunal debe considerar todos los argumentos, pero en particular tendrá que pronunciarse sobre la solicitud de invalidación, la cual exigirá de los magistrados una resolución elaborada con sentido de Estado, asumiendo en profundidad la naturaleza de una queja que alude a la naturaleza misma de la vida democrática mexicana. Eso es lo que está en juego para el futuro inmediato.

Es un hecho que el principal problema de Peña Nieto no es obtener la declaratoria del tribunal, la cual ya da por descontada, sino el cerco de desconfianza creado en torno a su figura, inimaginable hace unos meses. La verdadera preocupación está en el reconocimiento de que hay en la sociedad nacional un fondo de malestar que es real y no se disipa saturando el ambiente con consignas triunfalistas pero huecas o con ofertas de vendedores del patrimonio o con mercadotecnia y promesas a manos llenas. En un país cargado de violencia y conflicto, condicionado por la desigualdad y la corrupción de las elites, el problema menor de Peña Nieto y los poderes que lo sostienen no es llegar al primero de diciembre. Ahí comienza, si acaso, un capítulo que no puede ser la repetición del pasado. Para la oposición de izquierda es indispensable conservar y acrecentar su influencia, evitar el desgaste y conservar la iniciativa. Mientras, el tribunal electoral tendrá que decirnos en qué punto la tajada de la corrupción, sin duda vertida sobre la intachable conducta de millones de ciudadanos, mancha o se hace incompatible con la democracia de la elección.