La Presidencia de la República rechazó las afirmaciones del empresario Joaquín Vargas, propietario de MVS, de que le ofreció la viabilidad del proyecto de la banda 2.5 Ghz a cambio de que no impugnara la concentración de Televisa-Iusacell.

Acusó al empresario de calumniar, difamar, tergiversar y engañar, con el simple objetivo de alcanzar sus metas económicas, pues además, el gobierno federal nunca intervino en la salida temporal de la periodista Carmen Aristegui de dicha empresa, como falsamente afirma.

Asimismo, señala que el gobierno federal no cederá frente a la presión y el chantaje, e incluso advierte que se reserva la valoración de proceder conforme a derecho.

La decisión editorial de MVS corresponde única y exclusivamente a MVS, no al gobierno federal. Más importante aún: como nunca antes, la presente administración ha sido cabalmente respetuosa de la libertad de expresión y de la diversidad de opiniones en los temas públicos de interés, señala la Presidencia en un comunicado de cuatro párrafos emitido la noche de este miércoles.

Asegura que desde el primer día de gobierno, las decisiones se han tomado con total transparencia y, en el caso del sector telecomunicaciones, con base en estrictas consideraciones técnicas y legales, en las que intervienen organismos autónomos.

“Cuando no son los principios los que rigen el proceder de cualquier institución, sea privada o pública, se corre el gran riesgo de hacer lo que el señor Vargas hace: calumniar, difamar, tergiversar y engañar, con el simple objetivo de alcanzar sus metas económicas.