La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo para su estudio el primer amparo que se concede en México para ordenar a un gobierno estatal que reconozca y oficialice el matrimonio entre dos personas del mismo sexo.

El análisis jurídico implica aclarar dudas sobre temas de discriminación e igualdad entre personas. La sentencia de primera instancia, que ahora la Corte atrae a su competencia, fue dictada el pasado 17 de abril por un juez federal con sede en Oaxaca, pero los poderes Ejecutivo y Legislativo de esa entidad presentaron recursos para impugnarla.

La Corte resolvió ayer que se trata de un asunto de suma trascendencia y relevancia para nuestro país.

La transformación del matrimonio y la familia

En su momento, el juez federal resolvió que “ante una misma situación jurídica se da un trato diferente a las parejas homosexuales en tanto no les permite el derecho a contraer matrimonio sin razones válidas que lo justifiquen, cuando las que existen se basan simplemente en las preferencias sexuales.

El matrimonio entre personas del mismo sexo no es una amenaza u oposición a la conservación de la familia, pues la transformación y secularización del matrimonio y de la sociedad ha resultado en una gran diversidad de normas de constituir una familia, que no surge necesariamente del matrimonio entre hombre y mujer, agrega la sentencia que revisará la primera sala de la Corte.

Con ese argumento, el juez declaró inconstitucional el artículo 143 del Código Civil de Oaxaca.

Ese ordenamiento normativo para Oaxaca reconoce únicamente los matrimonios heterosexuales, lo cual, según el juez federal que amparó en primera instancia, viola las garantías constitucionales de igualdad y no discriminación.

Fuentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicaron ayer que este asunto derivó del caso de dos mujeres que intentaron casarse ante el Registro Civil de la ciudad de Oaxaca, cuya solicitud de matrimonio fue rechazada por la autoridad en agosto de 2011.

En agosto de 2010, la Corte resolvió que es constitucional legalizar los matrimonios entre homosexuales, al revisar un caso del Distrito Federal, con el argumento de que la Carta Magna no se refiere a la institución del matrimonio, ni tampoco alude a la protección a un modelo específico de familia.