sólo unas semanas de que se dio a conocer la importación de 1.5 millones de toneladas de maíz de Estados Unidos a México, 35 mil toneladas de ese grano, que originalmente iban a ser exportadas a Venezuela, permanecen varadas en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, ante la renuencia de los compradores a embarcarlo, con el argumento de que el producto presenta mala calidad. El accidentado embarque de maíz forma parte de la compra, anunciada en mayo pasado por autoridades agrícolas de Sinaloa, de 1.8 millones de toneladas de ese producto por empresas venezolanas, equivalente a dos terceras partes de la producción de esa entidad en el último año.

Frente a los recurrentes pronunciamientos de las autoridades de que la producción nacional de maíz es insuficiente para abastecer el mercado interno y de que es necesario recurrir a las importaciones, resulta incomprensible que el país se pueda dar el lujo de exportar un volumen de grano que rebasa el monto de la importación dada a conocer a principios de este mes por el gobierno federal. Si México cuenta con inventarios de maíz suficientes para exportar tales cantidades a otras naciones, no se explica por qué se tiene que adquirir ese mismo producto en el exterior, como no sea para favorecer a los productores foráneos, a los intermediarios y a los especuladores.

Ahora bien, con independencia de la discusión sobre la calidad del grano que se pretende enviar a Venezuela, la lógica elemental indica que, en momentos en los que se registra un encarecimiento del maíz en México y en el que se vislumbran nuevas alzas en los precios internacionales de los alimentos, sería mucho más sensato emplear ese producto básico para abastecer el consumo interno y para combatir una pobreza alimentaria que afecta hoy a más de 20 millones de connacionales.

La circunstancia referida es, pues, un ejemplo más de la ausencia de una política agrícola adecuada que permita devolver al campo su capacidad productiva; que apoye a los campesinos nacionales en lugar de subsidiar a los foráneos y a los intermediarios, y que reoriente, en suma, la producción y comercialización de los productos del agro en función de las necesidades alimentarias de la población. La falta de directrices claras, consistentes y pertinentes en la conducción del campo, y la insistencia del grupo gobernante en ensayar un rumbo de acción caracterizado por el abandono de los entornos rurales y por la apertura comercial indiscriminada en lo referente a los productos agrícolas, condenan al país y sus habitantes a sufrir encarecimientos recurrentes, bruscos y severos de los alimentos –como ha ocurrido recientemente con el huevo y sus derivados–, e impiden que el Estado tenga capacidad de respuesta para contrarrestar las afectaciones que derivan de los altibajos de los mercados internacionales.

Para colmo, si en otros momentos el incremento en las importaciones de productos básicos para satisfacer la demanda interna resultaba una medida sumamente cuestionable, hoy, ante la carestía internacional provocada por fenómenos climatológicos diversos, dicha política dista mucho de ser suficiente y antes bien prefigura nuevos escenarios de alzas generalizadas en los precios y de recrudecimiento del hambre en naciones dependientes de las importaciones, como la nuestra.

La superación de fondo de las dificultades del país en materia agrícola y alimentaria pasa necesariamente por el cambio de paradigma imperante en esos ámbitos, por el abandono de la visión pragmática y cortoplacista con que se han conducido las recientes administraciones y por la comprensión de que ciertos cultivos estratégicos –como el maíz– deben ser protegidos por los gobiernos, como ocurre en las naciones desarrolladas, y de que su abasto debe ser garantizado a toda la población, a fin de recuperar la independencia alimentaria, y de conjurar un factor de incertidumbre económica y de potencial inestabilidad social.