El cierre de operaciones de Mexicana de Aviación –del cual están a punto de cumplirse dos años– ha impactado en materias económica y laboral, ya que las tarifas de las rutas domésticas se han encarecido 60 por ciento, y las internacionales entre 70 y 200 por ciento, mientras 8 mil trabajadores directos quedaron sin sus puestos, siete compañías extranjeras acapararon el mercado que dejó la aerolínea y se perdió soberanía, de acuerdo con un balance que hacen los sindicatos de pilotos y sobrecargos.

En esos 24 meses no se ha logrado concretar ninguna de las inversiones ampliamente prometidas y publicitadas por varios grupos empresariales, por lo que el destino de Mexicana sigue siendo incierto, así como el de los trabajadores, que siguen esperando un milagro para recuperar su fuente de empleo. Se suman a ese panorama las salidas del conciliador, Gerardo Badín, y del juez del concurso mercantil, Felipe Consuelo, y la amenaza de que se declare la quiebra de la aerolínea.

Desde el 27 de agosto de 2010, cuando los entonces titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, y del Trabajo, Javier Lozano, anunciaron que en el primer minuto del siguiente día Mexicana no haría más despegues ni aterrizajes, los sindicatos afectados tomaron la iniciativa de buscar inversionistas para financiar el rescate.

Los gremios de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra acordaron, con tal de que se concretara el rescate, poner en la mesa de negociaciones su contrato colectivo y sus liquidaciones.

Realizaron movilizaciones –incluso fueron reprimidos–, operaron para alejar la sombra de la quiebra y denunciaron la conformación de un cártel de aerolíneas y funcionarios de la SCT, “cuyo fin único es evitar que Mexicana retome el vuelo, ya que tenían repartido el pastel de rutas y slots de la empresa”, según han señalado reiteradamente estos gremios.

El costo de que la aerolínea saliera del aire no ha sido sólo para los empleados. Lo han pagado el país y los usuarios, ya que se dejó de realizar el equivalente a 30 por ciento de las operaciones domésticas, con el respectivo impacto en aeropuertos y economías locales.

Además se registró un déficit en la oferta de asientos en rutas internacionales de 35 por ciento, lo cual causó que 86 por ciento del mercado foráneo fuera atendido por aerolíneas extranjeras, según un amplio informe de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA).

Muchos inversionistas, cero dinero

Como en ningún otro proceso, han sobrado los inversionistas, pero faltado el dinero. La lista de los grupos que se han apuntado para reactivar Mexicana es larga. Ha habido tanto grandes consorcios de inversión como pequeños grupos interesados. Todos han asegurado tener los 300 millones de dólares para capitalizar la empresa, y a la fecha ninguno ha cumplido.

Las minutas de encuentros de ASPA, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares señalan que la primera en hacerse presente en este proceso fue Tenedora K, que operó para obtener las acciones del Nuevo Grupo Aeroportuario, y luego reveló que sólo compró los títulos para venderlos.

Le siguió en la lista, en el primer trimestre de 2011, el grupo PC Capital, al cual las autoridades avalaron como el modelo de negocio que se quería para Mexicana, y al final fue un fiasco porque no cumplió.

Continuaron Advent y TG Group, que tampoco concretó la aplicación del capital. También estuvo Avanza Capital, y en agosto de 2011 levantó la mano Altus Prot, que sin pena ni gloria pronto se descartó. Le siguieron, entre muchos otros, Med Atlántica, que obtuvo el aval del juez, pero tampoco inyectó los recursos prometidos.

Los últimos inversores visibles son el empresario Iván Barona y Grupo Fides, de Francisco Campusano, quien todavía espera una resolución del juez del concurso mercantil.

¿Quiebra o no?

Los sindicatos señalan que Gerardo Badín y el juez Consuelo han tenido un papel fundamental en este proceso. Este último varias veces prorrogó las fechas de vencimiento del concurso mercantil, hasta que terminó por dejarlo abierto indefinidamente.

Badín fue acusado incluso penalmente por los acreedores –Bancomext, Banorte, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Aeropuertos y Servicios Auxiliares– porque en dos años no hubo avances en el proceso y la SCT propuso a José Stein-Velasco para el cargo.

Administrador y juez fueron hechos a un lado en semanas recientes. Su salida fue interpretada como la antesala de que se quiere declarar la quiebra, a la que ellos se oponían.

En sustitución de Consuelo se nombró a la juez Edith Encarnación Alarcón Meixueiro.

También han cambiado otros actores, ya que en ASPA terminó su periodo Fernando Perfecto y se inició el de Carlos Morineau, y mucho antes, en ASSA, dejó la secretaría general Lizett Clavel y tomó el liderazgo Ricardo del Valle.

Un estudio de la ASPA señala que en caso de decretarse la quiebra de Mexicana, el impacto al erario sería altamente gravoso, ya que diferentes organismos del Estado dejarían de cobrar casi 3 mil 506 millones de pesos (292 millones de dólares) que les adeuda la aerolínea.

Además de la pérdida total de los miles de empleos directos e indirectos, acabaría definitivamente la soberanía aérea, por la mayor presencia de aerolíneas extranjeras; habría un impacto negativo al consumidor por las tarifas altas y menos opciones de conectividad.

Así, perdería más el país tanto económica como socialmente al quebrar la aerolínea en lugar de restructurarla.

Luego de dos años, han surgido diferencias entre los sindicatos porque no todos apoyaban la determinación de que el despacho de abogados White & Case fuera el interventor del concurso mercantil. Esta firma anunció el viernes que se retira del proceso.

Tampoco hubo acuerdo en relación con el cambio del juez y el administrador del concurso, y la diferencia que está derramando el vaso ha sido el levantamiento del plantón en la SCT que realizaron los pilotos y en el que no estuvieron de acuerdo los sobrecargos ni el personal de tierra. Las voces difieren y algunas señalan que todo este ajedrez es para preparar la quiebra. ASPA señala que es para ahora sí concretar el rescate.