La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) pidió que se flexibilicen los estándares de rendimiento de la norma oficial mexicana 163 relativos a la eficiencia energética –que ordena un rendimiento máximo de combustible para reducir la emisión de contaminantes–, y que se den incentivos económicos a los consumidores para promover la renovación del parque vehicular.

En conferencia de prensa, el presidente del organismo, Eduardo Solís, dijo que en países como Estados Unidos el gobierno otorga 7 mil 500 dólares por vehículo como estímulo al consumidor, con el fin de promover la introducción y comercialización de nuevas tecnologías, como los vehículos eléctricos e híbridos.

Solís dijo que el proyecto de norma en la materia que actualmente elaboran los industriales y el gobierno federal estará basado en la estadunidense. Para ser exitosa en ese país, agregó, se consideraron flexibilidades e incentivos.

La industria automotriz explicó que el proyecto de regulación está diseñado para que cada corporativo presente sus resultados como promedio de toda su flota de vehículos nuevos.

Indicó que AMIA, en colaboración con el gobierno federal, ha hecho un análisis con expertos reconocidos a escala internacional, con la finalidad de elaborar una norma basada en la disposición estadunidense Corporate Average Fuel Economy, que permita una instrumentación que genere los beneficios esperados para México.

Señaló que para que la norma sea exitosa debe considerar adicionalmente las particularidades del país, como orografía, altitud, condiciones de las vialidades y calidad de los combustibles.

Si bien el contenido de azufre de los combustibles no incide directamente en el rendimiento de los vehículos, la carencia de combustibles ultrabajos en azufre en el caso de la gasolina Magna y el diesel retrasa la introducción de nuevas tecnologías más eficientes.

Indicó que el proyecto de norma que se encuentra en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), al carecer de los elementos de flexibilidad de la estadunidense, promueve el consumo de automóviles usados, lo que implica un resultado perverso para las emisiones de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética.

Solís insistió en una solución integral, basada en políticas de mejoramiento de todos los automóviles en circulación e incentivos que promuevan la renovación del parque vehicular.

Consideró indispensable la verificación vehicular obligatoria en todo el territorio nacional con la norma, la aplicación y verificación de otra –de condiciones físico-mecánicas– ,el control efectivo de las importaciones de vehículos usados y la emisión de un programa permanente de renovación vehicular.