esde el alto Himalaya de su proverbial perfidia, el imperio británico a- menaza a la República del Ecuador con invadir su embajada en Londres porque el presidente Rafael Correa está cumpliendo en el caso de Julian Assange con una de las más nobles tradiciones entre las repúblicas de América Latina: el asilo a los perseguidos políticos, cualesquiera sean las ideas y las razones de éstos en cada caso.
Lo que Gran Bretaña amenaza una vez más no es sólo la libertad y la integridad física de Assange. Es el principio universal del derecho de asilo, ese territorio inmaterial que las grandes potencias y los pequeños dictadores siempre han tratado de abolir.
Dos directores de cine estadunidenses reconocidos por sus trayectorias en defensa de los derechos humanos contra las acciones de los gobiernos de su país, Michael Moore y Oliver Stone, publicaron en The New York Times del 21 de agosto pasado una razonada y encendida denuncia en el caso de Assange: “Ecuador ha actuado en conformidad con importantes principios internacionales de derechos humanos.
“Desde su fundación, Wikileaks ha revelado la filmación Asesinato colateral, que muestra el evidente asesinato indiscriminado de civiles en Bagdad por un helicóptero de ataque Apache estadunidense; otros precisos detalles adicionales sobre el verdadero rostro de las guerras en Irak y Afganistán; la complicidad con la dictadura de Yemen para ocultar nuestra responsabilidad por bombardeos en ese país; la presión del gobierno de Obama sobre otras naciones para que no incriminaran por tortura a funcionarios de la era de Bush, y mucho más.
“Como era de prever, la respuesta de quienes preferirían que los estadunidenses fuéramos mantenidos en la ignorancia fue feroz. Dirigentes de primera fila de ambos partidos han calificado a Assange como ‘un terrorista de alta tecnología’ (a high-tech terrorist)”, dicen Moore y Stone.
Suecia, que en el siglo pasado mantuvo una generosa política de asilo a los perseguidos por las dictaduras latinoamericanas, registra ahora casos recientes en sentido opuesto. La historia indica que Suecia puede ceder a cualquier presión de Estados Unidos para entregar a Assange
, agregan Oliver Stone y Michael Moore: En 2001 el gobierno sueco entregó a la CIA a dos egipcios que buscaban asilo, la cual los entregó al régimen de Mubarak, que los torturó
.
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El caso ha motivado un torrente de intervenciones en las redes, la mayoría en defensa de Assange, aunque no todas. Digna de ser mencionada es una reflexión de Naomi Wolf, quien durante años ha trabajado en defensa y apoyo de mujeres víctimas de violación y malos tratos. El texto, ahora en nutrida circulación, es del pasado 11 de febrero. Se titula Algo está podrido en el Estado de Suecia: ocho grandes problemas en el ‘caso’ contra Assange. Escribe la autora:
Basada en mis veintitrés años de informar sobre la legislación global acerca de la violación y en mis cinco años de apoyo a las mujeres en los centros de crisis por violación y en los refugios de mujeres golpeadas, puedo decir con certidumbre que este caso no se está tratando como un caso normal de violación o de violencia sexual. Los nuevos detalles de la policía sueca lo muestran claramente. Su informe contra Assange es sorprendentemente diferente de los informes sobre estos temas que he leído durante años como defensora de víctimas de crímenes sexuales
.
La autora enumera y analiza ocho características de ese informe por las cuales lo considera fuera de las normas establecidas por la policía y la justicia suecas en casos de violación o agresión sexual. “El informe en el caso Assange –sostiene– es anómalo, pues en ningún modo sugiere que alguna de las dos mujeres negó su consentimiento o se sintió amenazada. Nomás sobre esta base, por tanto, el informe sobre Assange es totalmente aberrante”.
En el octavo punto de su argumentación afirma que, en Suecia, la policía y los fiscales nunca filtran los informes policiales durante una investigación en curso porque pueden ser castigados si lo hacen. Los informes completos de los alegatos de las mujeres fueron filtrados a los medios de Estados Unidos. Los únicos que tienen acceso a esos documentos son la policía, los fiscales y los abogados. [...] Cualquier funcionario que filtra tales documentos confidenciales incurre en severas penas. [...] Parece muy verosímil que los documentos del caso Assange fueron filtrados por la policía o los ministerios públicos porque desde las alturas les llegó señal de que podrían hacerlo impunemente
. Policía y fiscales se manejan así, dice Wolf, porque saben que no se trata de juzgar a Assange en Suecia, sino de traerlo para entregarlo a Estados Unidos.
El escrito íntegro de Naomi Wolf puede encontrarse en:
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Entre los varios artículos sobre el tema, Anita Isaacs, profesora de ciencia política especializada en América Latina en Haverford College, Pennsylvania, publicó uno singular, también en The New York Times, el pasado 20 de agosto. Se titula: No se trata de Assange. Después de registrar cómo la decisión de dar asilo a Julian Assange ha colocado a Ecuador en una confrontación política
con Gran Bretaña, la autora argumenta:
“Pero la confusión en Londres en realidad tiene poco o nada que ver con las relaciones Ecuador-Gran Bretaña, y todo que ver con la política regional y local en el hemisterio occidental. Y tiene poco que ver con la protección del derecho de Assange a un juicio justo o con la libertad de prensa –que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha pisoteado en su país. En cambio, es un intento de Correa para ajustar viejas cuentas con Estados Unidos, mostrar su valentía política en la carrera hacia la elección presidencial el año próximo y jugarse una apuesta de poder hacia un papel dirigente en la izquierda latinoamericana.
“El estilo populista de confrontación típico de Correa –concluye la autora– sirve para fortalecer su prestigio en un país con una larga tradición de política autoritaria” y para mostrar sus posibilidades para un papel dirigente regional más allá de las fronteras ecuatorianas
.
El artículo no es sutil y tampoco inocente. Tal vez su autora no lo sepa, pero alguien más importante que su persona quiere recordarnos desde Estados Unidos que Rafael Correa se está pasando de la raya, que Ecuador es demasiado pequeño para tales audacias y que su presidente está desafiando a Gran Bretaña y a Estados Unidos juntos, y dando al mismo tiempo un mal ejemplo a otros gobiernos latinoamericanos.
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Al menos hasta 1982 México mantuvo una tradición de asilo político que, aun con altibajos, dio cobijo y protección a los perseguidos por las dictaduras militares latinoamericanas. Chilenos, argentinos, brasileños, bolivianos, uruguayos, colombianos, guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños, la entera geografía de la persecución política en América Latina, encontró asilo y refugio en este país, bajo gobiernos mexicanos que no dejaban de ejercer aquí sus propias modalidades represivas.
Esa política de asilo venía de lejos, desde los años 1920 al menos, cuando encontraron refugio y libertad en México el nicaragüense César Augusto Sandino, el venezolano Carlos León, el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, los cubanos Julio Antonio Mella y Antonio Guiteras, y otros muchos de menor nombradía. Tradición singular, tuvo su momento culminante en la apertura de México al exilio republicano español en los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas.
Pero ya en diciembre de 1936, antes de que estallara la tragedia española, dio el general Cárdenas asilo político a León Trotsky, a quien ningún gobierno quería proteger contra el de su país, la entonces Unión Soviética. No entiendo comparar casos y situaciones tan distintas. Pero se trataba también de un perseguido solitario cuyos poderosos enemigos no temían sus armas, que no las tenía, sino su pluma, sus ideas y el ejemplo de libertad en el pensar y en el decir.
Ese perseguido fue por fin asesinado en Coyoacán –allí está aún su casa de entonces– el 21 de agosto de 1940, por orden y acción del gobierno de aquella gran potencia hoy desaparecida. Esta historia está incomparablemente contada por el escritor cubano Leonardo Padura en su libro El hombre que amaba a los perros.
El presidente Cárdenas, que sabía medir sus palabras, esa vez no quiso contener su indignación. El 29 de agosto de 1940, en un Mensaje a los Trabajadores del País, acusó a los asesinos de haberse aliado con un poder extraño
contra la soberanía mexicana: “estos elementos han cometido el delito de traición a la patria [...] cometiendo un crimen que la historia censurará como deshonroso para quien lo haya inspirado y como nefasto para quienes lo consumaron. Al señor León Trotsky –agregó el presidente– México había otorgado protección en su suelo, sin más interés que cumplir con sus postulados de dar asilo a todo perseguido político y hacer patente con ello, ante el mundo entero, el derecho soberano de la nación mexicana”.
Segundas y terceras intenciones atribuyeron los gobiernos y sus escribas al gesto del presidente Cárdenas de conceder ese asilo. No lo hizo, como alguno dijo, por acuerdo con las ideas del revolucionario perseguido, sino por un simple acto de coherencia con sus propios principios.
Los tiempos pueden ser distintos. Pero la hipocresía de las grandes potencias me resulta invariable cuando se trata de perseguir a aquellos que, con razones y sin armas, documentan la esencia de sus políticas de dominación y guerra.
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Contra quienes atribuyen a Rafael Correa ambiciones regionales y le lanzan el ambiguo epíteto de populista
, yo prefiero creer que su decisión de recibir y proteger a Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres obedece, cambiando tiempos y personajes, a las mismas razones del presidente Cárdenas: otorgar protección en su suelo, sin más interés que cumplir con sus postulados de dar asilo a todo perseguido político y hacer patente con ello, ante el mundo entero, el derecho soberano de la nación ecuatoriana
.
Pues el haber revelado las verdades con fehacientes documentos hallados en los archivos y haber así mostrado que los reyes y los magnates están desnudos, ha sido el verdadero pecado de Julian Assange.
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