l folleto Fraude 2012, escrito por un grupo de intelectuales y militantes, distribuido por los tres partidos de la izquierda y por Morena, comienza señalando que el fraude es viejo en nuestra historia. Procede a recordar que desde el 8 de febrero, cuando era sólo precandidato a la Presidencia, AMLO propuso al Consejo General del IFE las siguientes medidas para garantizar la equidad y la autenticidad del sufragio: 1) Formar una Comisión de Consejeros Electorales para profundizar en los criterios de evaluación de la equidad electoral; 2) monitorear los espacios noticiosos para mejorar el tratamiento equitativo a partidos políticos; 3) un programa para evitar la compra indebida de espacios de radio y televisión; 4) un programa contra la propaganda gubernamental disfrazada; 5) reforzar (sic) las acciones en contra de la compra y coacción del voto; 6) que la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos (del IFE) implementara reglas para la contabilidad y registro de los bienes que se distribuyen como propaganda durante las precampañas y campañas, poniendo como ejemplo la tarjeta La Efectiva distribuida en el Edomex a cambio del voto en la última elección estatal; 7) que dicha unidad realizara auditorías para verificar el origen y destino de los recursos usados en el proselitismo y su veraz reporte al IFE; 8) adoptar medidas para que los programas sociales, tanto federales como estatales, no fueran utilizados con fines electorales; 9) solicitar a la SHCP un informe que permita verificar si el endeudamiento público de las entidades federativas cumple con lo previsto en la Constitución, esto es, que la deuda autorizada se destine a la ejecución de obras y no se haya desviado a la compra y coacción del voto. A estas propuestas, según describe el folleto, el Consejo General del IFE, de manera tardía (varios meses después), sólo se limitó a enunciar una serie de consideraciones generales. Ninguna de las solicitudes y recomendaciones razonables fue acogida ni menos aplicada.

Después de esta sección, elaborada por Héctor Díaz-Polanco, sigue la denominada El dinero de una elección comprada también elaborada por él. En ella se narra que: a) los representantes del Movimiento Progresista (MP) presentaron el 26 de abril una queja por violación de los gastos de campaña del candidato priísta solicitando medidas cautelares para hacer cesar la conducta denunciada. Las evidencias entregadas, se narra, fundamentaban la estimación de un gasto de campaña de 374.9 millones de pesos tan sólo en anuncios en bardas y espectaculares, casi 10 veces más que lo permitido. Ya para el 2 de junio las evidencias mostradas por el MP ascendían a 719.5 millones, y para el periodo del 3 al 27 de junio habría sido de 1,173.5 millones de pesos. La cifra acumulada, pues, al 27 de junio, sólo en propaganda y actos de campaña cuantificables habría ascendido a 1,893 millones de pesos en este tipo de gastos: casi 5 veces el tope autorizado de gastos de campaña. El folleto señala: ¿Y la autoridad electoral? nada relevante se hizo al respecto. Al agregar otros gastos de campaña (compra encubierta en medios de comunicación, pago de supuestas encuestas, compra de tarjetas para la compra de votos), el folleto narra que la coalición de izquierda calculó un total 4,600 millones de pesos gastados por el PRI en la campaña y añade que esto refleja sólo los montos acreditados, que debe haber varios miles de millones de pesos más de gastos.

El folleto narra que hubo una reunión de Peña Nieto con los 16 gobernadores del PRI el 12 de junio en la casa oficial del gobernador del Estado de México en la cual se habrían asignado cuotas de voto por mandatario. A partir de aquí y hasta antes de las últimas páginas en las que se vuelve a la visión global de las elecciones (una parte de la cual abordé en la entrega anterior) se hace un análisis por Entidad Federativa. En cada caso, narrado por diferentes intelectuales (Paco Ignacio Taibo II, Pedro Miguel, Jesús Ramírez Cuevas, etc.) se abordan diferentes cuestiones. Por ejemplo, en Puebla se habla de recolección de credenciales en municipios específicos a cambio de materiales de construcción o tarjetas. En otros casos, como Santiago Miahuatlán o San Pedro Cholula, el cinismo fue absoluto: los votos se compraron a pie de urna. Añade Paco Ignacio Taibo II que miles de fotos, videos y testimonios avalan la denuncia. Preguntael autor ¿cuánto vale la miseria? (cuando en realidad la pregunta debería ahber sido en cuánto está dispuesto a vender su voto alguien que vive en la miseria) y contesta que puede valer una tarjeta telefónica, un machete, 300 pesos, mil quinientos, cien pesos, quinientos, unas cubetas. Añade: si los vendedores son rejegos, el precio aumentará, y también que si no valen las ofertas valdrán las amenazas. Calcula que en el estado de Puebla el PRI aumentó sus votos en 156 mil con compra y coacción.

En Chiapas, según cuenta Jesús Ramírez Cuevas, hubo municipios (como Mitontic) en los que los caciques del PRI compraron los votos de todos, incluidos los representantes de los otros partidos y se rellenaron las urnas como quisieron. En otros casos, se narra, como San Juan Chamula, Zinacantán o Teopisca, grupos del PRI obligaron por la fuerza a votar a los indígenas. En el estado hubo una muy alta tasa de participación electoral y Peña Nieto ganó con mucha amplitud. El folleto explica por qué se usaron tarjetas electrónicas y no efectivo y contesta que ello fue así para poder condicionar el pago a que ganara el PRI. (Véase gráfica con datos del Edomex y de Chiapas, para secciones urbanas y no urbanas).

Elena Poniatowska narra que a dos mujeres de Naucalpan las llevaron en camión a Toluca y les dieron 2 mil 500 pesos a cada una para votar por Peña Nieto. También narra el caso que podríamos llamar del vendevoto descreído: “Mira, yo recibí mi dinero, hice mi despensa y ya ni fui a votar porque total, de todos modos ni respetan mi voto. Añade que en ciudad Obregón una troca del PRI repartía pollos rostizados y una priísta anunciaba: Un pollito por tu voto. Termina este relato doña Elena: en el CECATI de Matehuala (SLP) los priístas traían la lista nominal del IFE y daban 500 pesos por voto días antes de la elección.

San Juana Martínez cuenta que Teresa Hernández del Castillo, voluntaria de Morena, observó que en la sección 1211 en Nuevo León la presidenta tenía copias de credenciales de elector y boletas en blanco listas para cruzar e introducir en las urnas. Me queda claro que hubo fraude dice mostrando los videos que comprueban las anomalías: Manipularon los votos. Solicité la presencia de la Fepade, y cuando llegaron cuál fue mi sorpresa: que querían romper las pruebas del fraude. No lo permití. Estuve como siete horas y vino un notario a levantar un acta. Fue terrible. Los de la casilla me querían linchar, pero no me dejé.

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