Participar en las movilizaciones de protesta y unirse a sus compañeros en la demanda de mejoras en la atención médica que se proporciona a los pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNN) fue suficiente para que a Raúl Ramos Sandoval se le prohibiera el acceso a su puesto de trabajo desde el 24 de julio, día en que se reincorporaba luego de un periodo vacacional.

En una situación absolutamente irregular, dice, las autoridades del instituto levantaron un acta administrativa en su contra en la cual lo acusan de faltas injustificadas, los mismos días que estaba de vacaciones.

Hasta ahora, el afectado no ha tenido el documento a la vista, aunque sabe por versiones de otros empleados que alguien falsificó su firma para comprobar que estuvo presente el día que éste se elaboró.

En protesta, Ramos realizó una huelga de hambre durante 10 días, primero afuera del instituto y luego frente a la Secretaría de Salud (Ssa). El miércoles lo dio por concluido, aunque mantiene el plantón a las puertas de la dependencia federal, en espera de que la Dirección de Recursos Humanos cumpla su ofrecimiento de instalar una mesa de negociación para abordar los diferentes problemas planteados por los trabajadores del INNN, los cuales, según dicen, han sido menospreciados por la directora, Teresa Corona.

Lejos de escuchar a los empleados o al menos tratar de resolver algunos asuntos, la funcionaria, por conducto de sus colaboradores, nos amenaza y hostiga laboralmente.

En el caso de Raúl Ramos, las amenazas se cumplieron, pues el personal de vigilancia tiene instrucciones precisas de hacer uso de la fuerza, si es necesario, para impedirle el acceso al instituto.

Esta es otra irregularidad, admitida implícitamente por la directora de Recursos Humanos de la Ssa, Lucía Andrade, quien ofreció a Ramos Sandoval, como solución, que inicie los trámites para su jubilación a la que tiene derecho por sus 35 años de antigüedad, o que acepte su reubicación en cualquier otro instituto.

El trabajador, con categoría de afanador, aceptó la segunda opción, pero planteó como condición que se atienda la problemática del instituto, como el pésimo desempeño de la jefa de enfermeras, Rocío Valdés, y las necesidades de mantenimiento, por ejemplo, el elevador que transporta equipo y material quirúrgico, ha sido identificado como zona de riesgo de contaminación de los instrumentos.