l titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, anunció el pasado viernes una serie de medidas con el supuesto fin de garantizar el abasto de huevo y ayudar a los productores de ese alimento, que ha tenido alzas de más del 100 por ciento en semanas recientes. El paquete de acciones incluye la apertura a la importación, sin aranceles, de 211 mil toneladas de huevo fresco, además de otras 24 mil para uso industrial; la suscripción de un acuerdo con las tiendas de autoservicio para que ofrezcan el producto al mejor precio posible, y la entrega de apoyos por 3 mil millones de pesos a los productores avícolas, para mejorar sus granjas y recuperar las aves que perdieron por la reciente epidemia de fiebre aviar en Jalisco.

Con independencia del carácter tardío de esas medidas –pues se presentan en un momento en que las alzas en el precio del huevo generaron ya una afectación severa a la economía familiar–, es claro que las mismas no contribuyen ni poco ni mucho a solucionar el problema de fondo, que no es otro que la ausencia de un modelo adecuado de desarrollo agropecuario en el país, situación que ha provocado una catástrofe social y humana en el campo; ha afectado severamente la producción agrícola, avícola y ganadera, y ha colocado a México en una alarmante circunstancia de dependencia alimentaria.

Es pertinente señalar que el encarecimiento del huevo, más allá de sus componentes coyunturales –la referida epidemia de gripe aviar que implicó el sacrificio de millones de gallinas y el oportunismo especulativo de los intermediarios–, está alentado por factores que tienen lugar fuera de las fronteras nacionales, como el incremento en el costo de los granos –principalmente sorgo y maíz amarillo– que se importan desde Estados Unidos y se destinan como insumo alimenticio en las industrias avícola y porcina. En un momento en que las sequías afectan la mayor parte del territorio estadunidense y en el que ese país destina un porcentaje cada vez mayor de su producción agrícola a la generación de biocombustibles, la dependencia nacional a las importaciones de los citados productos resulta un acicate para los episodios de encarecimiento brusco y severo de los alimentos finales.

La situación es ilustrativa de los efectos nefastos que ha tenido para México el retiro del Estado de los eslabones fundamentales de la producción agropecuaria, el desmantelamiento de los sistemas gubernamentales de abasto de insumos y otorgamiento de subsidios para la producción de alimentos, y el correspondiente proceso de apertura indiscriminada del mercado nacional a los productos agrícolas foráneos. La conjunción de estos fenómenos ha tenido el efecto de terminar con los pequeños productores nacionales y de colocar al país en una situación de alarmante vulnerabilidad ante las fluctuaciones de los precios internacionales de los alimentos, como los que ahora se presentan como consecuencia de fenómenos climatológicos y de decisiones de política agrícola de otros países.

Por lo que hace al apoyo financiero a los avicultores, anunciado por Calderón, cabe preguntarse por el potencial benéfico de esa decisión en una industria en la que sólo tres empresas –Bachoco, Tysson y Pilgrim’s Pride– acaparan más de 60 por ciento de la producción nacional. Para que una medida semejante tenga sentido, debería ir acompañada de programas de diversificación en ése y otros ámbitos de las actividades agropecuarias, y con la reorientación de las ayudas gubernamentales a los pequeños productores familiares, que son los que más padecen el encarecimiento de los insumos y los que se verán más afectados con el abatimiento de los aranceles a las importaciones de huevo.

Más allá de la obvia necesidad de corregir en lo inmediato las afectaciones a los bolsillos de las familias, la presente coyuntura debiera subrayar la necesidad, e incluso la urgencia, de que el país disponga de una política orientada a lograr el abasto del mercado interno y el control de los productos agropecuarios destinados al consumo humano. El tema resulta tan importante para la viabilidad del país como la implantación del estado de derecho y el combate a la delincuencia, en la medida en que, si la nación no controla la cantidad y la calidad de los alimentos que produce y consume, seguirá colocada en un estado de precariedad constante y alarmante.