Entregar 3 mil millones de pesos a los grandes productores de huevo a través de créditos preferenciales es una infamia, pues vuelve a favorecer a los de siempre y se deja en el olvido a los pequeños productores, que contribuyen con su esfuerzo a evitar que se profundice la crisis alimentaria, asentaron Alfonso Valenzuela Segura y Marcelo Carreón Mundo, de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas Coordinadora Nacional (UnorcaCN).

Ante delegados de 18 estados reunidos en la ciudad de México, consideraron que ante el alza de precios del huevo, frijol, tortilla, entre otros alimentos básicos para la dieta de millones de mexicanos, es urgente que se vuelva a impulsar la economía de los pequeños productores y el concepto de granjas familiares. En la lógica de incentivar la producción, el gobierno vuelve a entregar los recursos públicos a los grandes agroempresarios, y deja desprotegida a la mayoría del campesinado, advirtió Valenzuela Segura.

Carestía de los alimentos básicos, apropiación del agua por empresas mineras o por agroempresas, deforestación, concentración del financiamiento y acciones tardías ante el cambio climático son los resultados de una política que desmanteló la infraestructura agropecuaria, privilegió a las grandes empresas y desvirtuó los subsidios productivos, apuntaron.

Concesiones mineras multiplican la pobreza en el campo

Durante la reunión los participantes alertaron: lo bonito del campo se acabó; no hay producción, y la tierra más productiva está acaparada por empresas mineras y grandes inversionistas.

Se manifestaron por la realización de un estudio socioeconómico en el campo, que permita la entrega de los subsidios a quienes realmente los necesitan y, si es necesario, modificar el artículo 27 constitucional, que fue resultado de una negociación que no tomó en cuenta a miles de campesinos.

Sobre el avance de las concesiones mineras, mencionaron que en varios ejidos de Durango, Chihuahua, Zacatecas y Sonora aumenta la inconformidad pues se firmaron acuerdos sin el consentimiento de la mayoría de los ejidatarios, y el resultado es mayor pobreza, depredación de los recursos naturales, acaparamiento del agua y contaminación de los mantos freáticos y del medio ambiente. Consideraron que el asunto de las mineras debe ser abordado de manera conjunta en la 62 Legislatura. Los daños son graves, urge actuar, advirtieron.

También la Central Campesina Cardenista asentó que a causa de la carestía las familias rurales han reducido sus dietas, pues requieren ahora un ingreso diario mínimo de 240 pesos para acceder a los alimentos básicos. Más de 100 mil pequeños productores de leche abandonaron su actividad, cientos de agricultores no tuvieron acceso al crédito para comprar semilla de maíz y ni de frijol. En Zacatecas, puntualizó Santiago Domínguez, los campesinos que tienen hasta cinco hectáreas sólo sembraron dos; en la entidad únicamente se sembraron 90 mil de las 570 mil hectáreas destinadas a la siembra de maíz y frijol. La situación es crítica, y la respuesta del gobierno, limitada.