Un juez federal concedió una suspensión provisional en vía de amparo a los 12 policías federales involucrados en la agresión a una camioneta diplomática en que viajaban dos integrantes de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y un oficial de la Marina, quienes fueron atacados el pasado viernes a la altura de Tres Marías.

El juzgado segundo de distrito concedió dicha suspensión para que a los agentes federales se les autorice recibir visitas de su abogados y/o personas de confianza, como parte de sus garantías constitucionales de adecuada defensa y debido proceso, revelaron fuentes judiciales.

Los agentes federales deberán garantizar una fianza de un millón y medio de pesos para poder obtener los beneficios de ley. Hasta el momento, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha informado si los policías federales continúan retenidos en la delegación de la dependencia en Morelos o ya fueron trasladados a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).

De acuerdo con fuentes federales, la demanda de amparo fue tramitada por un abogado que se ostentó como representante legal de los 12 agentes.

A su vez, dos mujeres, quienes dijeron ser familiares de dos de los agentes retenidos, aseguraron que los elementos de la PF actuaron contra la camioneta de la embajada estadunidense porque ésta no se detuvo en un retén instalado en la carretera.

Están incomunicados; nosotras estamos a la espera de que nos dejen verlos, pues ni siquiera le han permitido al abogado que pueda platicar con ellos, sostuvo una de las mujeres, quien no se identificó. Otra, quien dijo ser hermana de uno de los policías federales, dijo en la delegación de la PGR en Cuernavaca, Morelos, que se les está dando trato de delincuentes sólo porque agredieron a funcionarios estadunidenses que operan ilegalmente en territorio mexicano.

Es probable que en las próximas horas, en respuesta a la suspensión que obtuvieron los agentes federales, la PGR agilice los trámites para solicitar su arraigo o consignarlos directamente ante un juez federal por delitos ligados con daño en propiedad ajena y homicidio en grado de tentativa.

Los agentes señalados como presuntos responsables de la operación son: José Uriel Garrido Franco, Héctor Francisco Leyva, Gerardo Ramírez Garduño, Rafael Rivera Córdova, Tomás Romanillo Armenta, Ranulfo Ruelas López, Carlos Sánchez Durán, Raúl Sánchez Fonseca, Francisco Humberto Segovia Domínguez, Ángel Domingo Sotelo Martínez, Emir Suárez García y Jorge Alberto Vargas Camacho.

Los agentes nombraron como su representante al abogado Marco Aurelio González, quien tramitó la demanda de amparo correspondiente. Al cierre de esta edición se esperaba el desarrollo de la reconstrucción de los hechos ocurridos el pasado viernes.

Los elementos de la Policía Federal participaron en la persecución de una camioneta diplomática y dispararon contra el vehículo en el que viajaban dos funcionarios estadunidenses, en una camioneta que era conducida por un oficial de la Secretaría de Marina.

En respuesta a esos hechos, la embajada de Estados Unidos en México emitió un comunicado en el que calificó de emboscada lo ocurrido.

De acuerdo con habitantes de la zona en que ocurrieron los hechos, el capitán de la Marina que conducía la camioneta consiguió evadir a sus agresores por unos instantes, conduciendo medio kilómetro sobre un campo de cultivo en la comunidad Fierro del Toro.

Según estas versiones –que se corroboran con las huellas dejadas por las llantas del vehículo en el sembradío–, la camioneta blindada Toyota Land Cruiser de 8 cilindros pasó sobre un montículo, brincó una guarnición y después retomó la carretera libre México-Cuernavaca.