La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene sus cuestionamientos a la función de juzgadores federales, y aunque en primera instancia no le fue concedida la orden de aprehensión contra dos magistrados, solicitó a un tribunal unitario de circuito que revise el expediente y emita las órdenes de captura correspondientes.

El pasado viernes, el juez federal Ricardo Delgado Quiroz, con sede en el Reclusorio Norte, negó la orden de aprehensión en contra de los jueces Martín Santos Pérez y Osvaldo López García, quienes el mes pasado negaron a la PGR órdenes de cateo de diversos inmuebles de Efraín Cásarez López, quien fue separado del cargo de juez primero de distrito de Michoacán, por otorgar un amparo aparentemente indebido que permitió a Julio César Godoy Toscano asumir el cargo de diputado federal en 2010.

Esta es la primera ocasión en que la PGR se lanza contra dos jueces federales que resolvieron en sentido contrario a los intereses de la institución ministerial, lo que fue interpretado por algunos juzgadores como una clara intención de la procuradora Marisela Morales Ibáñez de intimidar y coartar su independencia.

El pasado viernes, el juez Ricardo Delgado Quiroz rechazó ordenar las aprehensiones de los jueces Martín Adolfo Santos Pérez y Osvaldo López García, especializados en medidas cautelares, al concluir que la PGR no acreditó que obstaculizaran la investigación contra un tercer juez que liberó a implicados en el llamado michoacanazo.

En el mismo expediente, el juez Delgado Quiroz también negó las capturas de los secretarios de juzgado Moisés Ramírez Serrano y Edgardo Vargas Pérez.

La PGR esperará a que el tribunal unitario de circuito estudie el expediente en definitiva, y en caso de que se confirme la negativa de otorgar las órdenes de aprehensión, la dependencia federal ya no podrá acusar de los mismos delitos a los jueces imputados.