Para que el modelo de comunicación política en los procesos electorales sea realmente efectivo e inhiba posicionamientos ilegales de funcionarios públicos previas a los comicios, se requiere una regulación macro que efectivamente vaya más allá de lo estrictamente electoral y regule el uso de los recursos públicos para fines personales, consideró Julio Juárez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Responsable en su momento de un estudio encargado por el Instituto Federal Electoral (IFE) sobre los denominados infomerciales, sostuvo que bajo el esquema actual la autoridad electoral se encuentra limitada de regular posibles excesos en el financiamiento de publicidad personalizada. Destacó que si bien en el pasado proceso electoral quedó claro el papel de Televisa en el posicionamiento del ex gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto en las preferencias electorales, de haber llegado el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, se hubiera estado bajo el mismo supuesto.

Peña Nieto en Televisa

De nada sirve regular el gasto en la propaganda en época electoral, cuando es muy claro que las numerosas apariciones de Peña Nieto en los canales de Televisa fueron un factor clave para el posicionamiento de su figura. Todo ello, mientras el IFE tiene limitantes importantes para regular ese gasto ilegal a partir de la reforma electoral de 2007-2008, consideró Juárez.

Lo cierto es que no tenemos una regulación macro que inhiba estas prácticas de comunicación social en todo momento, y eso genera incertidumbre cuando se trata de analizarlo desde la perspectiva electoral. Debería consolidarse un esquema que permitiera llamar a cuentas a los gobernadores o funcionarios públicos respecto del gasto público que ejercen con fines estrictamente personales.

En cuanto al ámbito electoral, existen ambigüedades en torno a lo que se entiende como acto anticipado de campaña.

El especialista destacó que todo ello deriva en otras insuficiencias legales, como la paradoja de que la fiscalización del gasto de los campañas presidenciales no pueda resolverse antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación califique la elección presidencial.