l pasado domingo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Juan Silva Meza, afirmó que el Poder Judicial no vacilará en defender a cualquiera de sus integrantes que sea indebidamente perseguido o presionado, y dijo que denunciaremos y combatiremos por la vía de la razón y del derecho cualquier pretensión que intente vulnerar la independencia y la autonomía de los juzgadores de la Federación, sobre todo cuando se haga sin base ni sustento.

El correlato de las declaraciones del ministro es la pretensión de la Procuraduría General de la República (PGR) de sancionar a dos jueces federales –Martín Santos Pérez y Osvaldo López García–, quienes se negaron a emitir órdenes de cateo a propiedades del también juzgador Efraín Cázares López, investigado por el CJF y por el Ministerio Público por supuesta obstrucción de la justicia al conceder sentencias absolutorias o amparos a los funcionarios implicados en el episodio conocido como el michoacanazo (la detención, en mayo de 2009, de una treintena de autoridades municipales y representantes electos en Michoacán, los cuales se encuentran hoy en libertad). Apenas el pasado viernes un juzgado federal negó una orden de aprehensión en contra de Santos Pérez y López García, que había sido solicitada por la PGR, en lo que ha sido interpretado como un intento de intimidar a los juzgadores por el solo hecho de no actuar a favor de los intereses de la dependencia.

Aunque la titular de la PGR, Marisela Morales, negó ayer que exista persecución de ningún tipo contra juzgador alguno, el caso es que esa dependencia ha ocasionado, con su actuación, un nuevo choque declarativo entre los poderes Ejecutivo y Judicial; ha dado sustancia a las sospechas de que el primero busca transgredir la autonomía constitucional del segundo, y ha puesto en entredicho, así, la pretendida normalidad institucional que se pregona desde el discurso oficial. No debe soslayarse que este intercambio forma parte de las secuelas de un episodio –el michoacanazo– en el cual el Ministerio Público se distinguió por su desempeño errático y faccioso, y en el que actuó sin otra motivación visible que el golpeteo político a los partidos opositores.

Más allá de lo anterior, la reciente pugna entre el Poder Judicial y la PGR afecta la credibilidad y la autoridad de las instituciones en su conjunto, abona a una desconfianza indeseable entre éstas y representa un grave riesgo para la población en general. En una circunstancia nacional caracterizada por el embate de la violencia y de la criminalidad, que afecta fundamentalmente a la población inerme y en el que se requiere que las autoridades actúen en consonancia para salvaguardar el estado de derecho y proteger las garantías individuales, la confrontación referida abona, en cambio, a la descomposición y la inoperancia –de por sí grave– de la procuración y la impartición de justicia en el país.

Para colmo, este deterioro coincide con otro no menos alarmante que se registra en las corporaciones empleadas por el Ejecutivo en su fallida cruzada sexenal contra la delincuencia organizada, y que quedó en evidencia con el ataque de elementos de la Policía Federal en contra de un vehículo en el que viajaban funcionarios de la embajada estadunidense y un elemento de la Marina, el pasado viernes.

En tal panorama, los encontronazos declarativos entre autoridades y representantes de los poderes de la Unión –independientemente de si la razón le asiste a alguno de los involucrados, o a ninguno– debilitan aún más al poder público en el país, alimentan la percepción de un desmoronamiento institucional de gran calado y multiplican el sentimiento de total orfandad en que se encuentra la población.