yer, al participar en un foro sobre seguridad, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, lamentó profundamente los hechos ocurridos el pasado viernes en las cercanías del poblado Tres Marías –donde elementos de la Policía Federal y sujetos vestidos de civil dispararon a un vehículo de la embajada estadunidense en México en el que viajaban dos agentes de la Central de Inteligencia (CIA) de ese país y un elemento de la Marina– y dijo que los sucesos los está investigando absolutamente y con todo rigor la Procuraduría General de la República.

n plenitud de su mandato en 1985, Girolamo Prigione, todopoderoso, declaró: las sectas son como las moscas: que hay que acabarlas a periodicazos. Con desprecio y descalificación, Prigione, delegado pontificio y posteriormente nuncio (1978-1997), se refería a las minorías religiosas. Sin duda, los tiempos han cambiado, pues un sector de dichas minorías se ha agrupado y ha puesto en jaque una iniciativa de la Iglesia católica para reformar el artículo 24 de la Constitución mexicana, tendiente a ensanchar su concepto de libertad religiosa. Hay que recapitular. En diciembre de 2011 la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con albazos y artimañas legislativas una propuesta de reforma sobre libertades, que comprende la libertad religiosa. La redacción de plano amenazaba la laicidad del Estado, en particular acechaba la educación laica suscrita en el artículo tercero constitucional al abrir la posibilidad de la educación católica en las escuelas públicas a petición de los padres. Se especuló, entonces, que Enrique Peña Nieto y el grupo parlamentario priísta del estado de México habrían negociado principalmente con monseñor Carlos Aguiar Retes, presidente de la CEM, quien desde el inicio de su mandato, hace seis años, manifestó su intención de ir más allá de la libertad de culto para alcanzar una verdadera y moderna libertad religiosa (Proceso, 1574, noviembre; 2006). Recordemos que esta reforma polémica se daba en vísperas de la visita del papa Benedicto XVI a México y en el contexto de las campañas electorales de 2012. Tanto por el contenido como por el desaseo parlamentario, la propuesta generó una mayúscula desaprobación mediática, en la que intervienen notables militantes del propio PRI. Se activa de manera vigorosa un pequeño pero persistente movimiento que rechaza la reforma y se moviliza con presencia pública en las calles en todo el país. Grupos religiosos, como la Luz del Mundo, Católicas por el Derecho a Decidir y otras iglesias se coordinan con grupos laicistas, académicos, logias masónicas, defensores de los derechos humanos, grupos de lesbianas y homosexuales. El núcleo de dicha coordinación de estos grupos tan heterogéneos ocurre gracias a la intervención del Foro Intereclesiástico Mexicano. Dicha amalgama de agrupaciones comparte no sólo el rechazo a la reforma del 24, sino su anticlericalismo y las pretensiones de la alta jerarquía de imponer sus intereses desde la cúpula del poder. La redacción de la reforma se transforma y a nadie deja satisfecho, pues queda una formulación casi gelatinosa que finalmente se aprueba: la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Posteriormente en el Senado se aprueban en marzo de este año dos minutas, se negocia la aprobación simultánea del artículo 40, que añada el carácter laico al Estado mexicano, y la del nuevo artículo 24. Los dictámenes se han turnado a los congresos locales de la Federación; como se recordará, con la mitad más uno las reformas se validan constitucionalmente. Con poca visibilidad mediática, opacada por el proceso electoral, se ha desatado en cada estado un campo de batalla. Las llamadas moscas con el menoscabo de Prigione están poniendo en jaque la reforma. El episcopado ya ha externado su preocupación y ha acusado a La Luz del Mundo de confundir a la opinión pública. La resultante amerita la preocupación católica. Hasta ahora existen 13 congresos locales que han votado los dictámenes: estado de México, Morelos, Hidalgo, BC, Tlaxcala, Sonora, Michoacán, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Oaxaca, Yucatán y Coahuila. Los 13 congresos han aprobado el artículo 40 y cinco han rechazado el artículo 24 (Morelos, BC, Oaxaca, Tlaxcala, Michoacán y Zacatecas).

iversos grupos de mexicanos –campesinos, indígenas, profesionistas y académicos, entre otros– se han manifestado recientemente por que se modifiquen las leyes que regulan las actividades mineras en el país. Muchas y variadas son las razones en que fundan sus propuestas; entre ellas, que en las dos décadas recientes el gobierno ha concesionado a las empresas mineras, la mayoría de capital extranjero, alrededor de la tercera parte del país, y que éstas, al actuar como enclave, han minado la soberanía del país en ese territorio; que los beneficios por la entrega de los recursos minerales del país a dichas empresas sólo le han dejado las migajas que por derechos de concesión pagan cada semestre –de cinco a 111 pesos por hectárea–; que, en cambio, causan grandes daños al medio ambiente, ocupan el agua que debería servir para consumo humano y para la producción de alimentos y, en general, violentan los derechos de los mexicanos todos y de los pueblos indígenas en particular.

éxico vive uno de los momentos más peligrosos de su historia. La destrucción de la república avanza y todo parece anunciar que en poco tiempo el deterioro será irreversible. Las causas profundas de esta devastación son múltiples. Pero quizás pueden agruparse en tres grandes categorías, íntimamente entrelazadas.