l 15 de agosto se inició el proceso de recepción de solicitudes del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

DACA es la acción administrativa que ha adoptado la administración de Barack Obama para frenar las deportaciones de jóvenes indocumentados que llegaron a suelo estadunidense siendo menores de edad y que tenían menos de 31 años de edad el 15 de junio de 2012, fecha en que el presidente puso en marcha esta decisión. Los jóvenes son popularmente conocidos como dreamers, en referencia tanto a iniciativas reformistas llamadas Dream Act, que se han presentado a escala federal y en legislaturas estatales para regularizar el estatus de este grupo social, como al mítico sueño americano que sigue atrayendo inmigrantes de México y otros países.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) bajo esta medida, que tendría una vigencia de dos años y se podría renovar, jóvenes indocumentados no serían deportados de Estados Unidos y tendrían derecho a solicitar una autorización de empleo y otros documentos. No se trata de amnistía ni tampoco de la reforma migratoria, sobre la que tanto se ha insistido a lo largo de los años, pero es una decisión, un peor es nada, que rompe con años de frustrante parálisis legislativa sobre el tema.

El asunto no es de menor importancia para Estados Unidos ni para México. Instituciones de prestigio como el Instituto de Políticas Migratorias (MPI) y el Centro Pew de Investigaciones Hispánicas han difundido estudios en que se calcula que hay aproximadamente 1.76 millones de jóvenes que se beneficiarían del programa. De esta cantidad, según el MPI, la inmensa mayoría, 74 por ciento (1.3 millones) son mexicanos o centroamericanos. El Centro de Políticas Migratorias, por su parte, afirma que los mexicanos constituyen 68 por ciento de los dreamers.

La solicitud del DACA asienta que cada solicitante debe entregar una serie de documentos para comprobar la residencia en Estados Unidos antes de cumplir los 16 años, verificar su identidad personal y nacionalidad, y documentar el estar matriculado en una escuela o haber terminado satisfactoriamente estudios preparatorios o un programa equivalente.

No hay manera de saber cuántos dreamers de origen mexicano carecen de un documento de identidad para completar su solicitud. Sin embargo, es razonable esperar que se aumente la demanda de estos documentos en los consulados mexicanos que se encuentran en territorio estadunidense, tal como ya está ocurriendo. Por ejemplo, la cónsul mexicana en Fresno, California, Reyna Torres, ha declarado a la prensa que la demanda de citas para tramitar la expedición de documentos en el consulado que encabeza aumentó 50 por ciento desde que el presidente Obama anunció el programa DACA, el pasado junio. Se da el ejemplo de que el 15 de agosto, cuando se puso en marcha el DACA, el número de citas aumentó de 200 a 500. Se indica que ya se ha solicitado ayuda a las autoridades en México para atender el incremento en el volumen de citas demandadas por la población local.

El DACA está estrechamente vinculado a la matriculación escolar. Cada candidato, según el USCIS, debe demostrar que asiste a la escuela, que se ha graduado de bachillerato o ha obtenido un certificado de educación general, o ha servido honorablemente en las fuerzas armadas. Lamentablemente, hay importantes sectores de la población potencialmente elegible que no tienen acceso fácil a una oportunidad escolar. Lo más preocupante es el caso de los que son trabajadores agrícolas o radican en zonas rurales.

Instituciones como el MPI calculan que hay aproximadamente 320 mil personas que cumplen con los requisitos de edad y residencia que establece el DACA, pero que en la actualidad no están matriculados en ninguna escuela ni han conseguido el diploma de bachillerato o certificado de General Education Diplome (GED). Algunos son todavía menores de edad, mientras otros son jóvenes adultos. Muchos son trabajadores agrícolas o radican en zonas rurales, pero tienen empleos de bajos ingresos, laborando en lugares como plantas procesadoras de carne o industrias como la construcción o el sector de servicios.

Calculamos que a escala nacional hay 85 mil trabajadores en zonas rurales y la mayoría son trabajadores agrícolas que califican para el DACA, pero no cumplen con el requisito escolar. Muchos radican en tres estados del Pacífico (California, Oregon y Washington), y 20 mil en California.

En las zonas rurales, trabajadores agrícolas y otros residentes encuentran menos instituciones capaces de ofrecer los programas educativos para jóvenes y adultos que exige el DACA. Debido a su estatus de indocumentados, los dreamers adultos no califican para programas educativos y vocacionales financiados por el gobierno federal, aunque los menores de edad sí tienen acceso al programa de Educación Migrante, entre otros.

Estamos ante una oportunidad de regularizar, aunque sea de manera temporal, el estatus migratorio de muchos mexicanos en Estados Unidos, que salieron de México siendo menores de edad. En Estados Unidos han padecido múltiples problemas por no contar con documentos migratorios y, en consecuencia, han visto que sus sueños de superación se han frustrado hasta ahora. Aunque para Estados Unidos son indocumentados, se trata de ciudadanos mexicanos y, según la Constitución mexicana, gozan de los mismos derechos y deberes que el resto de los mexicanos.

Veremos si estas autoridades deciden ser parte de la solución o si con su indiferencia o indolencia se convierten en parte del problema, que impida que los dreamers elegibles puedan cumplir con los requisitos del DACA.

*Analista de políticas migratorias [email protected]

**Consultor y especialista en temas migratorios, [email protected]