sta semana se confirmarán los peores augurios respecto al alcance de la resolución que habrá de votar el TEPJF respecto al juicio de inconformidad interpuesto por el Movimiento Progresista, con miras a lograr la invalidez de la elección presidencial del pasado 1º de julio. Y no es que se pretenda dudar per se de las instituciones; sin embargo, las señales que han mandado los últimos días apuntan a la tendencia a convertir casi en faltas administrativas las evidencias de violación al principio constitucional de equidad, para no hablar de la danza de millones cuyo origen no parece tener importancia para los magistrados, como no lo tuvo para el IFE. Y la PGR se tomará todo el tiempo necesario para que los resultados de su investigación aparezcan sin vínculo ni impacto en la calificación de la elección presidencial. Basta observar la difusión dada a la decisión de anular unas cuantas casillas, para impactar a la opinión pública con la impresión de que la elección fue limpiay colocar la especie de que no asisten razones de peso a las objeciones del movimiento progresista. Nada más que en esta elección no se ha solicitado, como en 2006, el voto por voto, casilla por casilla, sino que el centro de la litis es la solicitud de invalidez sustentada en el rebase de topes de campaña y en las evidencias públicas de compra de votos vía monederos electrónicos, tarjetas Soriana, transferencias millonarias cuyas evidencias pretenden borrarse con la complicidad de instituciones bancarias, etcétera. Para valorar con seriedad las evidencias presentadas, el TEPJF tendría que colocar la mirada en la dimensión constitucional del principio de equidad y no, como parece insinuarse, en los alcances de legislación secundaria. Es increíble que ya se esté anunciando una nueva reforma legal para incluir ahora las dimensiones específicas y alcances de la violación al principio de equidad. Nuevos círculos viciosos que rodean a las maniobras sexenales para impedir que asuma la Presidencia quien encabeza y promueve un cambio al modelo económico imperante. Ciclos que se repiten, incluso dentro de la izquierda electoral, que administra celosamente los espacios parlamentarios obtenidos en buena medida gracias al empuje de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Con notorias excepciones, el grueso de las y los legisladores se aprestan a reconocer la decisión del TEPJF, tal como anunciaron en su reciente cónclave de Acapulco, en el que brilló por su ausencia AMLO, si acaso una mención discursiva políticamente correcta. En esta etapa no lo requieren, parecen dispuestos a dejarlo solo. Y lamentablemente tampoco se perfila que el movimiento social no electoral lo considere parte del capital político de la izquierda; habrá que ver el rumbo de Morena en relación con su principal promotor.

Lo cierto es que, pese a las diferencias políticas, los movimientos apartidistas están claros de que Enrique Peña Nieto será impuesto y contra ello y lo que representa se organizan, por ejemplo, el movimiento #YoSoy132 con una agenda de largo aliento no exenta de riesgos, pero asumida con madurez por las y los jóvenes que hace sólo tres meses no eran considerados actores políticos claves. El camino por recorrer nuevamente coloca a la oposición en la resistencia activa, pues ya se anuncian las amenazas inminentes en el marco de las llamadas reformas estructurales. Si bien no se logra la fuerza necesaria para alcanzar un cambio de rumbo, por lo menos alcanza para impedir o detener la profundización de políticas neoliberales; hoy tenemos un movimiento social en gran parte reactivo, no por ello menos efectivo. Lo cierto es que entre el escenario festivo hasta el rídiculo del 1º de julio, donde el PRI festejó a su candidato entre fanfarrias y confeti, se han puesto en evidencia las maniobras del candidato televisivo con la efectiva acción de las redes sociales, sobre todo a través del movimiento #YoSoy132 y la estrategia de López Obrador. No es poca cosa, pues el TEPJF dará a Enrique Peña Nieto su legalidad, pero la legitimidad está ausente para amplios sectores sociales, mientras los ciudadanos electores que votaron por el PRI, convertidos en beneficiarios de prebendas y tarjetas, estarán a la espera de que sus prestaciones se mantengan e incrementen.

Nos esperan tiempos duros. Bajo el programa estratégico de más de lo mismo el PRI navegará en aguas donde tampoco es seguro que logre un mero retroceso, aun cuando así lo pretenda, pues en sus viejos tiempos no existía un líder político como AMLO que conjuntó 16 millones de votos conscientes y gratuitos y un movimiento social de oposición genuina tan heterogéneo, con líderes históricos y una nueva generación dispuesta a impedir que su imposición logre el consenso. Habrá que ver los escenarios de los proclives al canto de las sirenas que el poder ofrece, sea del partido que sea. ¿El TEPJF repetirá 2006: haiga sido como haiga sido?