e acuerdo con los resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico en los Centros Escolares (Enlace) dados a conocer ayer por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), José Ángel Córdova Villalobos, a lo largo del sexenio que está por concluir más de 60 por ciento de los estudiantes de educación básica se situaron en los niveles elemental e insuficiente de la citada prueba, porcentaje que se eleva hasta casi 80 por ciento en lo que respecta a los alumnos de secundaria.

Menguado orgullo puede representar para la SEP y para la administración federal en turno el hecho de que estos porcentajes representen un avance respecto de los resultados educativos de inicios de sexenio –como expresó ayer el propio Córdova–, cuando es innegable que, a juzgar por las propias estadísticas oficiales, la mayoría del alumnado en el país carece de los conocimientos que supuestamente debieran ser adquiridos en la formación elemental, y que ello da cuenta del rotundo fracaso del calderonismo en materia de educación.

Con independencia de las debilidades que acusan las pruebas estandarizadas utilizadas por la SEP para identificar y mejorar las deficiencias educativas de la población –señaladas en su momento por diversos especialistas en la materia–, es claro que entre la declarada pretensión de elevar la calidad de la enseñanza en el país y la realidad se erige, como obstáculo infranqueable, un manejo gubernamental de la educación caracterizado por el abandono deliberado de las obligaciones del Estado en ese ámbito –que se refleja en un evidente desdén presupuestal–, y por la concesión del control de los distintos ciclos de enseñanza básica y media a la cúpula sindical amafiada que controla el magisterio.

En efecto, no puede soslayarse que el fracaso sexenal en materia educativa ha tenido como correlato el pacto político-electoral establecido desde 2006 entre el entonces candidato presidencial panista, Felipe Calderón, y la dirigente vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, para que la segunda actuase como principal operadora del primero durante los cuestionados comicios de ese año. Dicha alianza impresentable ha permitido, en los años subsecuentes, que la cúpula magisterial devore la mayor parte de los recursos destinados a la educación –de por sí insuficientes en relación con el rezago educativo que enfrenta el país–; que coloque a personeros suyos en posiciones claves de la administración pública federal y que acumule, con base en ello, un poder de tal magnitud que actualmente dispone de su propio partido político para negociar prebendas y cargos a cambio de votos y apoyos legislativos.

La conjunción entre una política educativa de tendencias neoliberales, y caracterizada además por el amiguismo, el patrimonialismo y la corrupción, constituye un lastre fundamental para todo intento por superar la situación actual de la educación en el país. Tanto más preocupante resulta que, ante la evidencia de la catástrofe actual en el terreno de la enseñanza, el gobierno federal se empeñe en formular autoelogios, pues ello es indicativo del grado de negación de la realidad al que ha llegado y explica, en buena medida, la suma de saldos desastrosos que la actual administración heredará a su sucesora en cuanto a inseguridad, pérdida de soberanía, malestar social, debilidad económica, retroceso democrático y, desde luego, deterioro y abandono educativo.