El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó la posibilidad de que los más de 283 mil ciudadanos cuyas firmas entregó la coalición Movimiento Progresista en el juicio de inconformidad de la elección presidencial participen como terceros interesados.

La presentación extemporánea, el carácter exclusivo de los partidos en promover juicios de inconformidad y el hecho de que no se trata de un juicio popular fueron los argumentos vertidos en contra.

En tanto, los dirigentes de la coalición de izquierda acudieron a la sede del TEPJF a entregar más alegatos sobre el juicio, al término de lo cual, en rueda de prensa, demandaron a los magistrados no precipitarse en la resolución y verificar el impacto que han tenido aspectos clave de la elección como las triangulaciones de recursos por conducto de Monex y la presunta transferencia de fondos del gobierno mexiquense a la campaña de Enrique Peña Nieto a través de Scotiabank.

En el documento de 10 cuartillas entregado a la comisión calificadora de la elección presidencial resumen lo que consideran omisiones e inconsistencias en las investigaciones sobre el presunto rebase de topes de campaña y las ilegales triangulaciones financieras para beneficio de la campaña priísta.

Cuestionan centralmente el trabajo de la unidad de fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE), al que reprochan los ritmos de sus indagatorias.

No vamos a dejar de insistir en que se aplique el principio de exhaustividad en el análisis de los alegatos que hemos presentado. Hay preocupación porque el Instituto Federal Electoral no ha desahogado las quejas relacionadas con el financiamiento y están queriéndole dar carpetazo al tema; advirtió el dirigente del PRD, Jesús Zambrano.

Agregó que la coalición espera que los magistrados valoren toda la documentación que se les ha entregado.

En tanto, durante la sesión de ayer, los magistrados rechazaron un nuevo intento de la coalición por que se tomen en cuenta las 283 mil firmas que el Movimiento Progresista entregó en los últimos días.

Flavio Galván expresó que al no saber qué es lo que pretenden (los firmantes), si comparecer como actores, terceros interesados, coadyuvantes, apoyadores o adherentes, se analizó integralmente el proyecto para desestimar este nuevo intento, partiendo de que ni pueden ser considerados actores ni terceros interesados.

Más directo fue Pedro Esteban Penagos: los juicios están debidamente reglados, normados en la ley; no son juicios abiertos, no son juicios populares, aquellos donde cualquier ciudadano puede comparecer. No pueden ser considerados porque manifiestan su adhesión, no su oposición a la parte actora.

Manuel González Oropeza aseveró que en los procesos jurisdiccionales no es necesario que acudan los millones de personas que votaron, porque la ley prevé que son los partidos o las coaliciones los que están jurídicamente acreditados.

Bastan ellos, agregó, para que los efectos de una sentencia se dispersen a toda la ciudadanía, a los demás partidos.