En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se da como un hecho la ratificación del triunfo y la declaratoria de presidente electo a Enrique Peña Nieto por parte del Tribuna Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Tal convicción, sin embargo, ha llevado a los priístas a medir escenarios y, en consecuencia, a diseñar diversas estrategias de logística, sobre todo ante el anuncio de quienes se oponen al político mexiquense de plantarse ante las oficinas del tribunal e incluso su determinación de impedir el acceso al propio Peña Nieto y demás convocados para la ocasión.

En el lapso comprendido entre mañana viernes y el próximo 6 de septiembre, los actores políticos se han declarado en alerta. El PRI no es la excepción.

Políticos del tricolor pertenecientes al Comité Ejecutivo Nacional y otros al equipo de trabajo del candidato presidencial, coinciden en la necesidad de contar con un mecanismo que al tiempo de garantizar la manifestación pacífica de los grupos, también dé certeza para el cumplimiento de las formalidades marcadas por la ley en esta etapa del proceso electoral.

A partir de ahí, y porque el TEPJF no ha difundido las fechas para sesionar, pero deberá anunciarlas previa y públicamente en cada uno de los tres momentos restantes de la calificación, en el PRI se calculan los tiempos y escenarios, sobre todo para el momento en que Peña Nieto deba de manera ineludible (si resulta ratificado su triunfo) presentarse a recoger la constancia que lo acredite como presidente electo. En cualquier caso, todos dan por descontado que habrá protestas e incluso una toma de las instalaciones.

De ahí el interés en el entorno del priísta por coordinarse, entre otros, con los responsables de la seguridad tanto federal (por tratarse de una institución de este tipo) como local (porque el bloqueo de calles y demás correspondería atenderlo a la policía del Distrito Federal), y tal como marcan los manuales para el caso, organizar un operativo que permita la consumación del acto.

Respecto de los tiempos, en el PRI se contempla la posibilidad de que incluso el tribunal electoral citara para el primero de septiembre para calificar la elección, unas horas después de la instalación del Congreso y que de inmediato, al día siguiente, Enrique Peña fuera invitado para recibir el documento que lo acreditaría como presidente electo. Esto imprimiría, se estima, un escenario de movilizaciones populares intensas, pues es la fecha en la que el Presidente de la República envía su último Informe de gobierno y grupos como #YoSoy132 han anunciado la presentación de un contrainforme.

Otro escenario ubica tales procedimientos en días más cercanos al límite legal –6 de septiembre–, para lo cual las fuentes consultadas apuntaron que tendrían que diseñarse mecanismos de seguridad apropiados en función de las circunstancias que se presenten.