Organizaciones defensoras de derechos humanos –nacionales e internacionales– y familiares de víctimas de desaparición forzada aseguraron que esta práctica fascista y represora está en aumento en México, sobre todo con la guerra contra el crimen organizado y al amparo de la ausencia de una política de prevención, investigación y sanción de quienes cometen estos abusos.

En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemoró ayer y que desde 2011 cuenta con el reconocimiento oficial de la ONU, organizaciones que realizaron una marcha en la que demandaron la presentación con vida de los desaparecidos, Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh) exigieron el cese de este crimen de lesa humanidad y de la impunidad que lo rodea.

Hernández Valencia señaló a La Jornada que este crimen sigue ocurriendo en el país debido a que no hay una política pública integral y un marco legal que se ocupen de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación del daño a las víctimas.

Indicó que no se castiga a los responsables debido a que las autoridades no han enfrentado el problema de manera más articulada, y muchos de los actuales casos de desaparición están relacionados con la guerra contra el narco.

Organizaciones que marcharon de la embajada de Colombia a la PGR, y de ahí a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicaron que la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada ha documentado 57 casos de defensores de derechos humanos que desde 2006 a la fecha han sido víctimas de esta grave violación. Añadieron que de 2011 a febrero de este año han documentado 30 casos, mientras que de 2005 a 2010 hubo 27, lo que significa que en 13 meses se desaparecieron más activistas que en los cinco años anteriores.

Nadín Reyes, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, indicó que la desaparición forzada se ha incrementado en el actual sexenio, y que la política represiva se va agudizar más durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se hizo asesorar por Óscar Naranjo, quien tiene un extenso historial en violaciones a derechos humanos en Colombia.

Raúl Alvárez Garín, del Comité 68, dijo que la SRE debería dar seguimiento a los casos presentados ante instancias internacionales, como la CIDH; señaló que las agrupaciones están preocupadas porque no hay un tratamiento correcto a la responsabilidad penal de la violencia del gobierno, tanto en las desapariciones como en las muertes derivadas de la guerra contra el crimen.

AI y la Cmdpdh consideraron que las medidas tomadas por el Estado mexicano en su conjunto demuestran falta de voluntad para erradicar la desaparición forzada.

Recordaron luego de visitar el país, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias reportó que según organizaciones de la sociedad civil mexicana, más de 3 mil personas habrían sido desaparecidas desde 2006.