El presidente Felipe Calderón presentó anoche la iniciativa de ley general de atención y protección a las víctimas, que incluye sus observaciones a la norma aprobada por el Congreso en la anterior legislatura, que actualmente está en litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con esta nueva iniciativa –dijo– se pretende subsanar las inconsistencias de carácter constitucional que tenía la aprobada por el Congreso en abril pasado, la cual ponía en riesgo su efectividad. Hizo un respetuoso exhorto a los actuales legisladores para discutir con urgencia dicha iniciativa.

Sin embargo, consideró indispensable que el Congreso de la Unión también dictamine y, en su caso, apruebe la minuta de reforma al artículo 73 constitucional aún pendiente, que responde a una iniciativa previa para dar facultades al Congreso de expedir una ley general sobre víctimas.

“Sin tal facultad, ninguna iniciativa de ley en materia de víctimas podría ser aprobada por el Congreso con apego a la Constitución, y conllevaría siempre el riesgo de ser nulificada judicialmente, particularmente por aquellos a quienes les resulte un perjuicio, que generalmente son los propios delincuentes”, alertó el presidente Calderón.

Litigo en la Corte

Cabe recordar que el Ejecutivo federal regresó la ley al Congreso con serias observaciones, entre ellas un cuestionamiento sobre las facultades de éste para elaborar una ley general y lo costoso que resultaba. Los legisladores rechazaron estas observaciones con el argumento de que las hizo fuera de tiempo y pidieron al secretario de Gobernación que la publicara en el Diario Oficial de la Federación. El litigio está actualmente en la Corte.

En el acto, realizado en Los Pinos, Calderón destacó que la nueva iniciativa toma, entre otras cosas, el proyecto elaborado por la UNAM, además de retomar algunos de los acuerdos alcanzados por el gobierno federal con legisladores y organizaciones de la sociedad civil, así como demandas ciudadanas. También –dijo– establece los principios fundamentales en que debe sostenerse la reivindicación y el adecuado tratamiento de las víctimas.

Esta iniciativa –afirmó– abre las puertas a la reconciliación en nuestra sociedad y busca desterrar de una vez por todas la doble victimización: la que sufren a manos de los delincuentes y la que sufren a manos de la indolencia de la autoridad.

Acompañado por el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré; el consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles, y la procuradora social de Atención a Víctimas, Sara Irene Herrerías, el mandatario destacó varios puntos del contenido de la iniciativa enviada anoche mismo al Senado.

En primer lugar, se propone que la atención a las víctimas sea tarea compartida entre los diversos órdenes de gobierno, con lo que tanto la Federación como los estados deberán desarrollar nuevas capacidades institucionales para proveer a las víctimas de servicios básicos, como atención médica, sicológica, jurídica y social.

Además, plantea un esquema integral para tutelar y garantizar una serie de derechos mínimos de las víctimas, como el de recibir un trato digno y respetuoso. Asimismo, propone crear la conferencia nacional de atención integral a víctimas; otorgar un fundamento jurídico mucho más sólido, amplio e integral a la propia Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delito, y, propone, por un lado, que los delincuentes reparen de manera puntual el daño que hubieren ocasionado, y por otro, que la autoridad repare el daño que derive de violaciones a los derechos humanos.

De igual forma, se prevé un mecanismo de ayuda económica a los afectados, que se otorgará independientemente de la reparación del daño, en algunos supuestos en los que, a consecuencia de ciertos delitos, las víctimas sufran graves daños a su salud o hasta la pérdida del empleo.

Para ello, se propone la creación de 33 fondos de apoyo que se integrarán, entre otros, con los recursos que se asignen en los presupuestos federal y estatales, los que se obtengan de decomisos realizados a la delincuencia, así como con las aportaciones que hagan organismos públicos, privados y sociales.

Se crea el Registro Nacional de Víctimas, y la iniciativa contempla que las procuradurías sociales –federal y locales– cuenten con un consejo de participación ciudadana.