e preguntan compañeros del #YoSoy132: ¿Qué clase de democracia es ésta donde la clase política tiene miles de millones de pesos a su disposición, mientras en educación y ciencia se regatea el presupuesto, donde los políticos se arrodillan ante el poder del dinero, donde los partidos políticos son, con cinismo, negocios familiares? ¿Es esto una democracia si hay millones de jóvenes sin escuela ni trabajo? ¿Puede llamarse democrático un modelo que pretende hacernos creer que la política sólo es votar cada seis años, aunque ni eso respetan?
Previa a las resoluciones del Tribunal Electoral muchas voces se levantaron exigiendo que éste no perdiera de vista su carácter de Tribunal Constitucional, más aún que la reconociera a plenitud. Según Silva Herzog la demanda del Movimiento Progresista plantea a los magistrados preguntas ineludibles: ¿Tuvo México elecciones auténticas? ¿Hubo realmente libertad para que los ciudadanos votaran sin presiones? ¿Prevaleció la equidad? Desde el Movimiento Progresista Marcelo Ebrard plantea las tres opciones a las que se enfrentarían los magistrados: comportarse como en 2006 con cinismo reconociendo ilegalidades, pero sin modificar los resultados electorales, fundamentar exhaustivamente los estudios y aceptar la demanda del Movimiento Progresista anulando las elecciones o bien hacer el estudio exhaustivo y declarar válidas las elecciones.
La organización de la desconfianza. Pierre Rosanvallon, en su libro La contrademocracia, haciéndose cargo del déficit de confianza de los ciudadanos hacia sus sistemas democráticos, da cuenta de la emergencia de contrapoderes sociales informales e instituciones destinados a compensar la erosión de la confianza mediante una organización de la desconfianza
. No se trata de poderes paralelos sino de un solo sistema democrático que puede de manera articulada apoyarse entre sí y con las instituciones electorales-representativas. Esos contrapoderes los organiza Rosanvallon en tres ámbitos: la democracia de control, la soberanía de obstrucción y el pueblo juez. En el primer caso estarían las distintas formas de auditorías institucionales a los poderes constituidos y las diversas formas ciudadanas de vigilancia y búsqueda de rendición de cuentas. En el segundo caso se encuentran las distintas formas de resistencia, de disidencias y de políticas negativas –de vetos cruzados– tanto en las instituciones –como los congresos o el Poder Judicial– como en formas de movilización ciudadana en contra de determinadas acciones o políticas del gobierno. En el tercer plano el autor revisa las formas clásicas del impeachment inglés o del recall estadunidense hasta la distintas formas de evaluaciones técnicas de políticas o de políticos incluyendo la revocación de mandato.
Ahora que estemos analizando qué hacer frente a un dictamen del Tribunal que deja insatisfechos a muchos ciudadanos sobre la calidad del actual proceso electoral es indispensable asumir que aún con cambios en la legislación electoral indispensables para garantizar una mejor equidad en las contiendas; hay otros que van más allá del armado electoral y que tiene que ver con cómo ejercer de mejor manera una ciudadanía de alta intensidad.
Es ahí donde el #¥oSoy132 como auditor de los poderes
puede convertirse en catalizador de resistencias y propuestas encaminadas a romper clientelismos, monopolios y desigualdades. El eje de esas acciones múltiples tendría que ser el combate a todas las formas de privilegios excluyentes a partir del perfeccionamiento de las instituciones y la precisión y eficacia de las movilizaciones. Las seis demandas planteadas por el movimiento estudiantil sobre todo las que se refieren a la democratización de los medios y a la educación superior pueden convertirse en aglutinadores. Requieren definir una columna vertebral organizativa que les dé peso político permanente.
