Campeche, Camp., 31 de agosto. Procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia del país coincidieron en que el sistema nacional de combate al narcomenudeo es inexistente porque no se han creado ni las fiscalías ni los juzgados especializados, ni tampoco existen cifras exactas del problema ni vinculación entre los consejos estatales y el Consejo Nacional para Prevenir las Adicciones (Conadic) con las instancias de procuración y aplicación de la justicia.

Durante su encuentro nacional, los encargados de procurar e impartir justicia en todo el país señalaron que no se han creado las instancias necesarias para combatir el delito de narcomenudeo, debido a que el Congreso de la Unión no ha asignado desde 2009 los recursos para ello.

Por esa razón, los procuradores y presidentes de tribunales elaborarán un diagnóstico de necesidades económicas para poner en marcha las agencias o fiscalías y juzgados especializados, y exigirán a los nuevos legisladores federales que cumplan con la ley.

Al respecto, Renato Sales Heredia, procurador de Campeche, dijo que en distintas reuniones de procuradores ya se ha considerado que la legislación en materia de narcomenudeo no es aplicada ni por la mitad de las entidades, y que se cuenta con una legislación paradójica, ya que el consumo está legalizado y no así la producción ni el almacenamiento de enervantes, de tal manera que si una persona es detenida con 4 gramos o hasta cuatro kilos 900 gramos de mariguana, el Ministerio Público la puede enviar a su casa, pero si fue aprehendida con cinco kilos debe ser procesada.

Entre los acuerdos alcanzados por los procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia destacan: la posibilidad de explorar nuevos mecanismos de colaboración con el Poder Legislativo, y para ello presentarán un estudio de “los recursos presupuestales que se requieren en el corto y mediano plazo para fortalecer la infraestructura, equipamiento y capacitación en diversos rubros, como el narcomenudeo”.

Asimismo, la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, dijo que se solicitarán recursos para la instrumentación de la reforma al sistema de justicia penal.

Adelantó que los asistentes al encuentro acordaron procurar un mayor aprovechamiento de las experiencias alcanzadas en la formación sobre juicios orales, derivado de la alianza estratégica de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia del Oeste de Estados Unidos y de la implementación del Proyecto Diamante de la PGR con el apoyo del Departamento de Justicia de ese país.

Nombramiento

Por otra parte, Morales Ibáñez designó a Ruth Villanueva Castilleja como subprocuradora de Derechos Humanos, en sustitución de Miguel Ontiveros Alonso.

La designación fue aprobada por el presidente Felipe Calderón, y por esa razón la nueva funcionaria participó en el encuentro de procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia con temas como el Protocolo de Estambul, un estudio que permite identificar casos de tortura en personas detenidas, y el combate a delitos cometidos contra las mujeres.

Ontiveros Alonso estaba considerado en el programa inicial de esta reunión, sin embargo, según explicaron funcionarios de la dependencia federal, la decisión de sustituirlo en el cargo había sido tomada desde hace más de ocho días y se estaba a la espera de que fuera autorizada por el Presidente de la República.

Entre otras funciones, la nueva encargada de la subprocuraduría tiene bajo su responsabilidad atender las quejas que se presenten contra servidores públicos de la PGR por violaciones a derechos humanos, así como las recomendaciones que envíe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los asuntos que correspondan a la fiscalía para periodistas y la fiscalía para delitos cometidos contra las mujeres.