Managua, 31 de agosto. Un juez nicaragüense amplió este viernes la acusación contra los 18 mexicanos detenidos el pasado 20 de agosto en Nicaragua, y agregó el cargo de tráfico internacional de drogas a los que ya pesaban sobre ellos de lavado de dinero y asociación ilícita, constató un periodista de la Afp.

El juez quinto penal, Julio Arias, anunció además, al cabo de una audiencia especial, que había decidido trasladar la fecha para inicio del juicio del 5 al 18 de septiembre.

La audiencia tenía el propósito de conocer una solicitud de la fiscalía de ampliar la acusación, tras encontrar residuos de cocaína en los vehículos en que los mexicanos ingresaron a Nicaragua desde Honduras, simulando ser reporteros de una cadena televisiva mexicana.

Se les acusa de haber trasladado grandes cantidades de cocaína procedente de Costa Rica con destino a México, dijo en la audiencia el jefe de la Unidad Anticorrupción de la fiscalía, Javier Morazán.

El 20 de agosto, las autoridades nicaragüenses decomisaron 9.2 millones de dólares que trasladaban los mexicanos en seis vehículos tipo Van, bajo la fachada de ser un equipo periodístico de la cadena Televisa.

Según la fiscalía, el grupo hizo el último transporte de droga el 9 de junio ingresando por Peñas Blancas, en la frontera con Costa Rica, y salieron del país al día siguiente por El Espino, fronterizo con Honduras.

La policía decomisó junto al dinero bolsas plásticas de cierre al vacío, máquinas eléctricas para sellar y sustancias que permiten despistar el olfato de los perros, entre otras evidencias que respaldan el cargo de tráfico internacional de drogas, señaló la fiscalía.

El Ministerio Público solicitó al juez reprogramar el juicio que estaba previsto para el 5 de septiembre porque la policía está investigando a otras personas en el país que podrían estar involucradas en la organización delictiva.

La abogada Johana Fonseca y otros defensores rechazaron el cargo de tráfico internacional de estupefacientes por cuanto no se produjo ninguna incautación de drogas.

Por medio de sus abogados, los detenidos pidieron ser asistidos en sus necesidades básicas, como alimentos y material de higiene por el consulado de su país y que se les permita comunicación telefónica con sus familiares en México.