Culiacán, Sin., 2 de septiembre. Siete personas que intentaron regresar a sus lugares de origen tras haber sido expulsadas por grupos armados han sido asesinadas de mayo a la fecha, informó la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS).

Óscar Loza Ochoa, uno de los directivos del organismo ciudadano, consideró criminal que las autoridades no den atención digna a los desplazados en las comunidades donde se refugiaron, ni seguridad en los pueblos de los que salieron huyendo de organizaciones criminales.

Sostuvo que en los cuatro meses recientes se ha dado muerte a seis personas a balazos y a una con arma blanca en los municipios de Culiacán, Badiraguato y Sinaloa. Una víctima trabajaba en el relleno sanitario de esta capital y cuando quiso regresar a San Cayetano, en la zona alteña de Tepuche, en este municipio, fue asesinada a puñaladas, en mayo.

A unos 200 metros de donde ocurrió el ataque había un retén del Ejército Mexicano, así que los homicidas optaron por matarlo a puñaladas, de manera silenciosa, recordó. Otro más, afirmó, fue muerto cuando regresaba a Tecomate, también en municipio de Culiacán, para recuperar los animales que criaba en su casa y venderlos porque en la ciudad no halló trabajo y el gobierno no lo apoyó.

En dos ataques, cinco integrantes de una familia perecieron a balazos. Plácido Núñez Barraza; su esposa, Irma Sánchez Acosta, y el hijo de ambos, Cristian, de 17 años, fueron interceptados por un comando el 20 de junio cuando regresaban a San José de los Hornos, municipio de Sinaloa, a recuperar parte de sus pertenencias. Los hoy finados residían desde hacía meses en Guamúchil, cabecera municipal de Salvador Alvarado.

Dos días antes, dos sobrinos de este matrimonio fueron levantados en la comunidad Surutato, municipio de Badiraguato, y más tarde encontrados sin vida, con manos y pies atados, así como lesiones de bala. Las víctimas, que también se dirigían a San José de los Hornos, eran José Eleno García Núñez, de 34 años, y su hermano Carlos Alberto, de 27, informó Martín Robles Armenta, subprocurador estatal.

Loza Ochoa señaló que en otras comunidades, entre ellas La Noria, municipio de Mazatlán, un grupo de desplazados es agredido y amenazado por hombres armados, y ninguna autoridad ha intervenido.

Datos de la CDDHS indican que la cifra de desplazados asciende a 25 mil en 11 de los 18 municipios de Sinaloa. Según el gobierno estatal, son cerca de mil 700, en 10 municipios.

Unas 250 personas avecindadas en Surutato debieron regresar en julio a San José de los Hornos, Ocurahui y La Joya de los Martínez, entre otros poblados del municipio de Sinaloa, por falta de apoyo para obtener empleo, alimento, escuela y vivienda, y los grupos armados siguen en las zonas de las que huyeron.

El activista lamentó que los gobiernos federal y estatal carezcan de un plan para ayudar a los desplazados. “Creen que los operativos militares y policiacos bastan”, dijo.

Recordó que desplazados y autoridades estatales y municipales se reunieron en Culiacán en junio. Unos 600 afectados llegaron con sus propios medios y los del gobierno apenas llevaban 47 despensas. Eso refleja que no saben qué pasa.

Afirmó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Cruz Roja esperan que el gobierno las invite a desarrollar un plan integral de atención a los desplazados, pero el gobierno teme abrir otro frente y que su imagen se vea afectada. Es lo que más les preocupa.